El Gobierno, a través de su vicepresidenta Carmen Calvo, salió ayer al paso del anuncio de la Generalitat de Cataluña de la creación de un fondo de 10 millones de euros para avalar a los 34 ex altos cargos del Govern a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por el empleo de dinero público para promocionar el referéndum del 1-O de 2017. Calvo aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no permitirá que Pere Aragonès se salte la legalidad vigente, por lo que estudiará el citado fondo y «recurrirá» en todo caso si no está «con arreglo a ley».

Por su parte, el presidente catalán, Pere Aragonès, manifestó que la creación del fondo está ajustada a la legalidad y sostuvo que «cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración». Además, Aragonès calificó el fondo como «una solución de emergencia, pero de cobertura general para evitar que las personas perseguidas tengan que responder con patrimonio particular unas fianzas que son indecentes». El líder independentista considera que este fondo permite «ganar tiempo para hallar una respuesta adecuada».

Enfrente se sitúa el PP, cuyo presidente, Pablo Casado, pedirá inhabilitación para aquellos que aprueben los avales. Tacha la creación del fondo de «malversación» y «un fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe de Estado». Mientras, Ciudadanos pidió la intervención de las cuentas de la Generalitat.

Después de los indultos de los nueve líderes secesionistas, los partidos independentistas se armaron de valor y desafían de nuevo al Estado con la creación del fondo para avalar las condenas del Tribunal deCuentas. La malversación planea sobre las cabezas de Pere Aragonès y sus acólitos, manejados por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Ese dinero público estaría mejor empleado en servicios básicos en Cataluña, que empiezan a estar un tanto deteriorados, como por ejemplo la sanidad pública. Este nuevo órdago de la ‘cuestión catalana’ pondrá a prueba al Ejecutivo de Sánchez, ya muy tocado por los indultos. 

Los españoles no entienden las frecuentes cesiones del Estado a Cataluña y el País Vasco, máxime cuando el país vive una situación crítica por los efectos de la pandemia. Y ¿qué recibe España a cambio de esa generosidad? Nada, porque dentro de un tiempo, más o menos lejano, los independentistas volverán a tensar la cuerda para dar un paso más hacia una autodeterminación que buena parte de los catalanes y la mayoría de los españoles rechazan. El Gobierno debe ser tajante en sus posiciones, no ya para mantenerse en el poder, sino para defender los intereses del resto de españoles, que, en teoría y ante la ley, son iguales que los secesionistas, pero estos disfrutan de más privilegios.