Las guarderías privadas podrían abrir sus puertas en la fase 2, durante la que se contempla la asistencia a los centros educativos de los menores de 6 años cuyos padres tengan que trabajar fuera de casa. Así lo establecen los planes de desescalada del Gobierno, pero cosa muy distinta es que la apertura sea viable, como reconocen desde este sector que se siente «desamparado». Así lo asegura Loly Rubia, portavoz en Ávila de la Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles (AECIP) de Castilla y León, creada hace unas semanas para abordar la difícil situación del sector y a la que ya se han unido más de 200 escuelas de educación infantil de la región, once de ellos de la capital abulense.
Abrir, reconoce la portavoz de esta agrupación en Ávila, es «inviable» con las ratios anteriores al estado de alarma teniendo en cuenta la necesidad de contacto físico entre educadores y alumnos que se da en el caso de pequeños de entre 0 y 3 años. De hecho, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha pedido que la reincorporación de estos menores a las aulas no se lleve a cabo hasta el «total control de la pandemia» teniendo en cuenta que las escuelas infantiles y guarderías se consideran «áreas de máximo riesgo por la enorme dificultad de cumplir las medidas de seguridad y aislamiento».
Así las cosas, la única opción que les queda a estos centros para poder abrir es rebajar las ratios entre alumno y profesor, lo que sin embargo, lamenta Loly Rubia, no es viable económicamente para estas empresas teniendo en cuenta que la ratio aconsejable para dar respuesta a las medidas de seguridad frente al contagio sería de cinco alumnos por cada educador, lo que dista mucho de las ratios anteriores a la pandemia, que eran de un educador para ocho niños de entre 0 a 1 años; uno para trece de entre 1 y 2 y uno por cada 20 alumnos de entre 2 y 3 años. «Si tenemos que sacar a los trabajadores del ERTE y hacer frente además al resto de gastos, con una ratio de cinco niños por cada educador abrir va a ser inviable económicamente para nosotros», reconoce la portavoz en Ávila de este sector que pide ayudas que complementen los ingresos de las matrículas que estos centros tenían hasta febrero.
Sin este complemento y con una menor ratio alumno/educador estas escuelas infantiles están «abocadas al cierre», asegura Loly que no oculta su preocupación por lo que ocurrirá cuando finalice el estado de alarma y con ello terminen las ayudas por cese de actividad a las que se han acogido los autónomos de este sector y también los ERTEs de sus trabajadores. Y es que, los empresarios de este sector ven incongruente que a ellos se les ‘obligue’ a retomar la actividad con la entrada en la fase 2 mientras que en Castilla y León y prácticamente en todas las regiones se ha decidido que ningún menor de 6 años vuelva a las aulas de los centros públicos hasta septiembre.
Además de «desamparados», los profesionales de las guarderías privadas también se sienten «discriminados» por el trato que , dicen, reciben de Junta de Castilla y León, que «se refiere a estas escuelas como centros no educativos pese a que en las mismas sí desarrollamos un proyecto educativo», explica la portavoz del sector en Ávila que no solo lamenta el perjuicio económico que esta situación está generando a estos autónomos sino también a las familias con hijos de esas edades, que a día de hoy no cuentan con un servicio que, señala, están demandando también padres que teletrabajan y para los que atender a niños de tan corta edad mientras cumplen con sus obligaciones labores están siendo toda una odisea.
La Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles de Castilla y León ha trasladado ya sus demandas al Procurador del Común.