El PSOE de Castilla y León exigió hoy a los responsables del Gobierno autonómico conocer “con carácter inmediato” dónde ha ido a parar el fondo dotado con más de 448 millones de euros correspondiente a la recaudación de la tasa medioambiental entre los años 2012 y 2019. Según trasladó la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Rosa Rubio, este fondo ha desaparecido “con una simple disposición derogatoria” en la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2021 del Gobierno autonómico.
La procuradora socialista pidió conocer “dónde está el fondo, en qué se ha utilizado, por qué desaparece y por qué no se utiliza para los efectos de la pandemia y la crisis más grave que ha tenido la Comunidad”, dijo. De la misma manera, rechazó la posibilidad de que se justifique con que no se dotó ese fondo porque, según Rubio, constituiría “una ilegalidad con consecuencias jurídicas de todo tipo”.
El procurador y coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, recordó en declaraciones a Ical que ese fondo se creó en el año 2012 como consecuencia de la regulación acometida por Cristóbal Montoro en relación a los impuestos medioambientales de las comunidades, de manera que las empresas eléctricas tenían que repercutir a los ciudadanos las cantidades abonadas por ese concepto. “Ese fondo se crea con la dotación de las cantidades que se perciben por estas tasas para poder devolver a los ciudadanos las cantidades que han pagado por esa tasa medioambiental a las empresas eléctricas como consecuencia de la orden de Montoro”, aclaró.
Según los datos facilitados por el PSOE de Castilla y León, el montante de ese fondo oscila entre los 42,2 millones de euros correspondientes al año 2012 hasta los 61,2 millones de euros del año pasado, con un total en estos ocho años de 448,5 millones.
Según los socialistas, la ausencia de este fondo es uno de los principales aspectos contemplados en la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2021, una norma que, al igual que los presupuestos, produce a los socialistas “una falta de confianza absoluta”, declaró ante los medios de comunicación José Francisco Martín. El procurador socialista recordó que está elaborada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien “después de su paso por la comisión de investigación de las eólicas, tiene toda la falta de confianza del mundo”.
“Son unos trileros”, acusó José Francisco Martín, quien explicó que la Junta ha derogado o modificado parcialmente hasta 26 leyes, algunas “de manera muy sustancial” como la Ley Agraria, la Ley de Montes o la de Ordenación Territorial. “Este es el concepto de transparencia que tiene este Gobierno”, lamentó Martín, quien denunció también que no se haya tenido en cuenta la participación porque “se han saltado el pasar por consejos de participación absolutamente fundamentales”, denunció.
Igualmente, denunció el “impulso especial” que la norma da a la empresa Somacyl que “se ha convertido en el sumidero del resto de empresas públicas que existían” y que ahora se pretende que realice también gestiones para ayuntamientos y diputaciones “saltándose la ley de contratos de la Administración pública”, añadió. “Quieren ampliar esta actitud corrupta al resto de administraciones” y “está todo enredado”, aseveró.
Rosa Rubio puntualizó que la Ley de Medidas es en realidad “la ley de no medidas” porque “una Ley de Medidas debe de estar elaborada y basada en reformas tributarias, algo que no se da” y “las pocas” que se han adoptado proponen “restricciones de derechos y recortes de deducciones”, declaró.
Entre ellas, Rosa Rubio se refirió a la deducción autonómica para la adquisición de un vehículo nuevo y eléctrico que deja fuera a los profesionales y empresarios. “Aquí es donde se nota y se palpa el apoyo de la Junta a los autónomos”, criticó la procuradora socialista. También en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales “incumple el compromiso de establecimiento de beneficios fiscales a la población rural”, recalcó.
Por otro lado, y en relación al establecimiento de nuevos impuestos, Rubio lamentó que “después de cansarnos a oír que no iban a subir impuestos, llega la realidad y crean el tasazo” consistente en que cada castellano y leonés tendrá que abonar 30 euros si solicitan por escrito la emisión de un informe de valoración de carácter previo a la transmisión o adquisición de un inmueble. Además, no podían faltar la mejora en el tratamiento de los contribuyentes por la tasa de juego.
“En esto se resume el apoyo de la Junta a las familias, autónomos y pymes en el momento más duro de los últimos años, de una crudeza económica, social y laboral tremenda”, denunció Rubio. “Cuando más se necesita el apoyo de la Junta, se resume en modificar 26 leyes para que la ciudadanía se beneficie cada vez menos, que paguen los de siempre y para que no sepamos dónde está el fondo que se debió crear y dotar por ley por importe de 448 millones de euros”, sentenció.