Un grupo de militares retirados, que no tienen obligación de neutralidad política, escribieron al parecer en un chat privado ideas relacionadas con un golpe de Estado. ¿Polémica o delito? El foro en el que exmiembros de la Academia General del Aire hablan de «fusilar a 26 millones de hijos de puta», critican al Gobierno, alaban a Franco y mencionan «pronunciamientos» tiene, en principio, un «difícil» recorrido jurídico, según los expertos. Si bien es cierto, la Fiscalía Provincial de Madrid anunció la pasada semana que incoará diligencias para investigar el contenido de las conversaciones. 
«Qué pena no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta...», escribió uno de ellos en referencia al acuartelamiento del Ejército del Aire en Navarra y a la sede de la Asamblea Nacional Catalana. Otro, general en el retiro, afirmó que se quedaría corto fusilando a 26 millones de «hijos de puta» y llamó «el Irrepetible» a Franco. En el chat, además, se habló de «pronunciamientos» y se gestó una carta que los exmilitares enviaron luego al Rey criticando al Gobierno.
Tras desvelarse estas conversaciones privadas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, llevó el chat a la Fiscalía de Madrid por si pudiera ser constitutivo de delito y el Ministerio Público practicará las diligencias que considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos por si hubiera delito.

Libertad de expresión

A pesar de la denuncia del Gobierno, las expresiones de los exaltos mandos tienen, al menos con los datos actuales, un recorrido penal corto. Lo resume el abogado experto en libertad de expresión y miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) Joan Barata. «Será difícil que se pueda encontrar un delito concreto si no se demuestra que tenían la capacidad de organizar un golpe de Estado y que efectivamente lo estaban haciendo», remarca.
«Ahí estaría la línea entre expresarse, que puede ser legítimo en un entorno privado, y planear llevar a cabo una involución política», resume para discernir entre un «desahogo privado» y una conspiración para la rebelión.

Interés público

Este abogado sí entiende que el asunto haya saltado a los medios porque es de interés público «ver hasta qué punto la clase militar ha continuado bajo una determinada órbita ideológica», pero lo que sería verdaderamente perseguible, apunta, es si preparaban un golpe o estuvieran en activo y proclamaran sus palabras públicamente. «No es el caso, no hay un militar en Twitter incitando a un levantamiento», resume Barata, para quien «mal iríamos si un grupo de viejos cascarrabias pudiesen montar un golpe de Estado».
Barata entiende que la ministra haya hecho «el gesto» de llevar el asunto a la Fiscalía y cree que en todo caso este chat podría demostrar que «en políticas de Defensa las cosas no se han hecho tan bien como parecería en términos de transformación de un Ejército franquista en uno democrático».

Límites a los retirados

A los uniformados retirados, recuerda Mariano Casado, abogado experto en derecho militar, no les afecta la neutralidad política que obliga la ley de 2011 de derechos y deberes de los miembros en activo de las Fuerzas Armadas, pero este letrado cree que habría que regular mejor su condición. «Es evidente que están haciendo un uso perverso de su condición para influir en cosas que en activo no podrían influir», opina el letrado, que lanza una pregunta para la reflexión: «Cuando opinan de fútbol o de arte ¿dicen que son militares retirados?». «El uso del título se hace con una intención clara, que es señalar que las Fuerzas Armadas pueden compartir esa opinión», se responde, porque que cada uniformado tenga sus ideas es una cosa, pero «otra distinta es intentar trasladar la imagen de que lo que ellos piensan es lo que piensan las Fuerzas Armadas». Por eso, para este letrado «hay que regular de una vez por todas el uso de esa figura», como se hace en otros aspectos como la utilización del uniforme.
Desde el punto de vista penal, Casado coincide con Barata en que habría que ver «si en el chat se proponía algún tipo de acción que tuviera relevancia pública y que pudiera atentar contra algún bien protegido por el ordenamiento jurídico».

Antecedente

Los antecedentes jurídicos de chats privados son escasos. Aún no hay jurisprudencia al respecto, pero la Audiencia de Madrid archivó en 2017 una causa contra policías municipales que vertieron en un foro de WhatsApp comentarios racistas e insultaron a la exalcaldesa Manuela Carmena. El tribunal autonómico, cuya Fiscalía estudia ahora el caso de los exmilitares, concluyó que los comentarios se produjeron «únicamente en un ámbito privado», lo mismo que ocurre con los jubilados de las Fuerzas Armadas.

Odio o rebelión

Un tercer experto, el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico, recuerda que lo que tiene lugar en un chat pequeño no puede ser constitutivo de delito de «discurso de odio» porque sus miembros «carecen de esa capacidad de provocar o incitar a un colectivo a cometer actos delictivos».
Tampoco ve que pueda haber delitos de sedición o rebelión si es que, como parece, «se trata de un simple comentario y no hay ningún tipo de conspiración adicional».
Por eso, si no aparecen indicios de que los retirados estaban efectivamente planeando un ataque contra el Estado, el caso judicial se quedará presumiblemente en ese gesto de la ministra de Defensa.