La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha inadmitido la denuncia formulada por el procurador socialista en las Cortes de Castilla y León José Francisco Martín por presuntas irregularidades en la gestión por la Junta de los recargos territoriales por impuestos medioambientales por falta de los requisitos formales exigidos por la Ley. El órgano toma la decisión después de que los socialistas no subsanasen los defectos en la postulación de la denuncia que se detectaron una vez que fue registrada.

Según relata el auto del Tribunal de Cuentas,  al que ha tenido acceso la Agencia Ical, el 15 de marzo de 2021 entró un escrito de denuncia interpuesto por José Francisco Martín Martínez, miembro del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, denunciando ciertas presuntas irregularidades en la gestión por la Junta de Castilla y León de los recargos territoriales por impuestos medioambientales. Unos días después, el 23 de marzo de 2021, se concedió al denunciante el plazo de 10 días para subsanar estos defectos de postulación y se le pidió que nombrase a un abogado o procurador y presentase un escrito, con firma del abogado, en el que se individualizasen "los supuestos de responsabilidad contable" concretando "las cuentas, actos, omisiones o resoluciones susceptibles" de incurrir en alguna responsabilidad y los preceptos legales que se consideraban infringidos.

Esta diligencia le fue notificada al denunciante el 23 de junio de 2021 según consta en las actuaciones, por lo que considera que ha transcurrido el plazo concedido sin que se hayan subsanado los defectos señalados.

En sus argumentos, conocidos por la Agencia Ical, el Tribunal de Cuentas recuerda que se tiene que cumplir con el requisito de comparecer en forma, es decir con procurador y atendido por un abogado, pero que al cumplirse el plazo y no subsanar los requisitos formales exigidos por la ley se inadmite la denuncia, “sin que lo anterior suponga una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.

El PSOE denunció públicamente la desaparición en la Ley de Medidas Tributarias, que acompaña a los presupuestos de 2021, de un fondo de 448 millones de euros con el que se tenía que devolver a los consumidores una tasa medioambiental abonada a las eléctricas. Martín explicó, en una rueda de prensa, que ese fondos hasta 2019 estaba dotado con 448 millones, procedentes de la tasa medioambiental, devuelta por las eléctricas a la Junta después de una orden de 2012 del Ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Cristóbal Montoro.