Representantes del Partido Popular de Ávila mantuvieron hoy un encuentro con juristas abulenses para analizar la compleja situación jurídica en la que va a quedar el país cuando finalice el estado de alarma y ante la anunciada voluntad del Gobierno de no prorrogarlo. En la reunión participaron el portavoz de la Comisión de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa, además de la coordinadora general del PP de Ávila, Patricia Rodríguez; el vicesecretario de Políticas Sectoriales, Óscar Arroyo; y el secretario ejecutivo de Justicia, José Ignacio Dávila.

En el coloquio se reiteró la necesidad de que el Gobierno central cumpla con la obligación constitucional que como autoridad competente tiene, de liderar la reglamentación al respecto con leyes ordinarias para que las comunidades autónomas tengan un paraguas legal en el posterior desarrollo normativo que les permita la gestión de la situación en los próximos meses.

En un comunicado recogido por Ical, los ‘populares’ señalan que “el fraude democrático que supone no afrontar esta reglamentación propiciaría una suerte de vacatio legis permanente que, lejos de prever incluso a medio plazo un marco legal que permita a los tribunales ordinarios desempeñar su labor en el necesario acompañamiento legal a las normas que sea necesario dictar desde las comunidades autónomas en lo tocante a cierres perimetrales o restricciones horarias de movilidad, genera un vacío que abre la puerta a todo tipo de arbitrariedades jurídicas de consecuencias imprevisibles”.

Los cargos del Partido Popular transmitieron a los juristas su “firme empeño” en plantar cara al Gobierno en este asunto, mediante los mecanismos y herramientas constitucionales de los que disponen, para evitar esta situación a partir del día 9 de mayo.