Una gran parte de las grandes empresas, sobre todo tecnológicas, de electrodomésticos, alimentación e, incluso, farmacéuticas, han mantenido hasta hace muy poco tiempo con una gran cautela, y casi en secreto, que estaban fabricando sus productos con fecha de caducidad inducida para recortar la vida útil de sus producciones e incentivar así un mayor consumo. Es muy común escuchar a personas que la primera lavadora o frigorífico que compraron hace 25 años todavía funciona y, sin embargo, lo que adquirieron hace menos de una década ya está fallando y se han visto obligados a renovarlo puesto que el coste de su reparación era muy similar a un equipo nuevo y, además, mejoraba las prestaciones del antiguo.

La obsolescencia programada, que es como se define este concepto, es una política empresarial que empezó a desarrollarse en los años 20 cuando se crea el cártel Phoebus, que fija los estándares de producción y venta, entre otros, y que limita la longevidad de cada bombilla a 1.000 horas, cuando está demostrado que su vida puede ser centenaria como se ha demostrado con una lámpara que se instaló en el parque de bomberos de Livermore, en California hace 118 años y lleva ya más de 800.000 horas encendida.

Algo similar ocurrió con las medias de nylon. En 1940, el fabricante Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria que era irrompible, pero pronto se dio cuenta de que este producto no podía ser rentable y empezó a reducir su vida deliberadamente con otras calidades más frágiles. 

Recientemente se ha comprobado que aparatos como las impresoras llevan un software que cuando imprimen determinadas copias dejan de funcionar y el recambio es casi tan costoso como una nueva y, en telefonía, Apple admitió que cuando su batería registraba un número determinado de cargas, empezaba a dar problemas.

El ingeniero industrial Brooks Stevens definió perfectamente esta nueva fórmula del consumo bajo los parámetros de «inculcar al usuario el deseo de querer poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario», algo que en España conocemos como «usar y tirar» como la nueva estrategia para vender más.

La obsolescencia programada, en algunos casos, es comprensible dada la rapidez con la que la tecnología avanza y que, al poco tiempo de comprar un producto puede quedar obsoleto y superado por otro nuevo. Además, la competitividad del mercado actual hace que la competencia ofrezca novedades con más prestaciones, a mejor precio, y que se pueda llevar a clientes que siempre eran fieles a determinadas marcas.

Pero más allá de las razones lógicas que podrían justificar este fenómeno, existen estrategias más opacas, incluso denunciables, donde las empresas han incorporado a su productos bien unos microchips, un software específico o cualquier otro método para acortar deliberadamente la vida de sus productos obligando a comprar otros nuevos en poco tiempo. 

Entre las estrategias más habituales de este sistema está la de encarecer exageradamente el precio de los recambios o eliminarlos del mercado para evitar las reparaciones y forzar a la recompra. Este tipo de prácticas benefician, sin duda, al productor, al mercado, pero no al consumidor -que se ha convertido en una mera marioneta en manos de los departamentos de marketing- ni al medio ambiente que es el gran perjudicado por la gran cantidad de basura que produce. 

Solo en la Unión Europea se consumen cada año 64.000 millones de toneladas de materias primas que generan más de 35.000 millones de toneladas de residuos de los que la naturaleza solo es capaz de regenerar el 50%, según publica la organización de empresas sostenibles Feniss.

En la industria aeronáutica estas prácticas están prohibidas ante los riesgos de que los aviones sufran averías en pleno vuelo. 

En otro contexto, hay empresas como el fabricante alemán de electrodomésticos Miele cuya filosofía es totalmente contraria a la obsolescencia programada y sus electrodomésticos tienen una garantía de más de cinco años.

Fecha límite

Mientras, la Unión Europea se ha propuesto acabar con la práctica de la obsolescencia programada con una nueva ley que entrará en vigor en 2021 que exige básicamente incrementar las garantías para aumentar la durabilidad y que obliga a los fabricantes que comercializan sus productos en suelo comunitario a contar con recambios durante al menos siete años y ofrecer alternativas más económicas que cambiar sus productos por otros nuevos. Por primera vez, las medidas legales exigen requisitos de reparabilidad y reciclabilidad, contribuir a la economía circular, mejora de la vida útil de un artículo, el mantenimiento, la reutilización la reciclabilidad y la gestión de residuos.

Solo en lo que respecta a lavadoras, lavavajillas, televisores y frigoríficos, cada hogar ahorrará 150 euros anuales con la nueva regulación, y unos 711 millones de metros cúbicos de agua al año para 2030.