La reunión técnica del grupo de trabajo llamado a poner en marcha la plataforma agroalimentaria, uno de los ejes del Plan Territorial de Fomento de Ávila, constató este miércoles las diferencias existentes entre los diferentes componentes de este proyecto a raíz de la decisión de conceder una subvención directa a Avilagro para el liderazgo y puesta en marcha de la iniciativa. Así, al menos, lo aseguraron los responsables provinciales de CEOE, UGT y CCOO, organizaciones participantes en el encuentro junto a las administraciones y las agrupaciones invitadas -Avilagro, Tracción Ávila y Ávila Auténtica- y quienes señalaron que, al margen de perfilar unos «flecos pendientes» de la anterior reunión, los técnicos «concluyeron que no pueden seguir trabajando hasta que no se despeje el marco jurídico surgido de la concesión de la subvención a Avilagro».
Esta conclusión no se comparte desde otras partes intervinientes, que acusan a los componentes del Diálogo Social de «tener decidido de antemano, antes de que se realizara la reunión, la petición de la paralización», porque luego el desarrollo de la reunión se adaptó al orden del día marcado, que se desarrolló con normalidad, sin que se decidiera en ningún momento por parte de todos los intervinientes la petición de paralizar la plataforma, tal y como declararon después los portavoces de UGT, CCOO y CEOE.
De hecho, en el acta final de la reunión lo que se hace constar es que se ha avanzado en «definir los perfiles y las funciones del Project Manager», así como «poner en común la información disponible en la mesa técnica sobre las empresas logísticas como punto de partida para establecer un primer contacto con ellas posteriormente». No consta por ningún lado la conclusión a la que hacen referencia CEOE, UGT y CCOO:
Además, se ha convocado la siguiente reunión para «cerrar esos dos puntos de acción», para el próximo 7 de abril a las 9,00 horas.
petición de paralización. El secretario provincial de UGT, Javier García, explicó que por un lado está el recurso interpuesto por el Diálogo Social a raíz «del informe de intervención de la Diputación en el que se cuestionaba la concesión directa de una ayuda a una asociación sin ánimo de lucro en atención a la Ley de Subvenciones». Ypor otro lado está la mesa de seguimiento del plan, la cual fue suspendida el 23 de febrero y que es donde entienden que «habrá que debatir, consensuar y arreglar el problema» para poder «resituar todo el planteamiento de la plataforma. Hasta que eso no ocurra, no se puede trabajar», remarcó.
En este sentido, UGT, CCOO y CEOE Ávila han pedido por escrito la convocatoria de la citada mesa ‘política’ a la Dirección General de Industria, al Ayuntamiento y la Diputación para poder «desatascar» este eje del plan, según apuntaron los sindicatos y confirmó también el presidente de CEOE Ávila, Juan Saborido.
Óscar García, secretario provincial de CCOO, apuntó que la reunión técnica convocada para este miércoles «no era el espacio donde manifestar por nuestra parte que necesitamos tener una solidez para avanzar en la plataforma», al entender que «hay inseguridad jurídica». En este sentido, explicó que el grupo de trabajo acordó volver a reunirse «después de que lo haga la mesa de seguimiento» para poder saber «en qué medida se van a disponer de las cantidades de esa subvención o a través de dónde se van a ejecutar».
Además, aprovechó para responder al alcalde de Ávila (que habló de que la subvención a Avilagro se decidió en una reunión de las tres administraciones que aportan dinero) que los sindicatos «no somos seguidores sino conseguidores del plan, y si las administraciones hablan de un aporte económico lo hacen como recaudadoras de los impuestos de los ciudadanos». «Nuestra participación es tan legal y legítima como la de las propias administraciones y debemos tener conocimiento de toda la realidad del plan», reprochó en referencia a «las informaciones que vamos conociendo sobre una toma de decisiones en la que no sabemos por qué razones se deja al margen a los agentes sociales».
Ante las acusaciones de que están paralizando el proyecto, Óscar García manifestó que «no es cuestión de si se gasta el dinero o no, sino de cómo, para quién y por parte de quién», al considerar que «lo importante es que el uso de los fondos públicos se haga con transparencia y con amparo jurídico».
También realizó declaraciones sobre la reunión CEOEÁvila (antes Confae). Su presidente, Juan Saborido, detalló que los técnicos de su organización «hicieron constar en acta que en ninguna reunión del grupo de trabajo ni se acordó ni se consensuó que fuese Avilagro quien liderara el proyecto».
A este respecto, desde la Junta de Castilla y León se defiende la legalidad total del proceso en el que se ha llevado a cabo la adjudicación de la subvención, en el seno de una reunión en que la estuvieron de acuerdo tanto la propia Junta como el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, actores principales del plan en su condición de financiadores del mismo.