El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha expresado este martes un "enérgico llamamiento" a los responsables de las administraciones y demás entes que integran el sector público de la Comunidad a que colaboren con la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León ya que, según ha recordado, además de cumplir con un deber que les impone la ley que contribuyen a que los ciudadanos, a los que se deben, puedan disfrutar de sus derechos.
Quintana ha realizado este nuevo llamamiento con motivo de la presentación este martes en el Pleno de las Cortes del Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año 2019 cuando se ha constatado un aumento de la aceptación de las resoluciones de esta institución, que han pasado de un 72 a un 82 por ciento, por lo que no ha ocultado su "especial satisfacción".
Dicho esto, ha aprovechado su intervención en la sede de la representación de los ciudadanos de Castilla y León para lamentar que el 7 por de las resoluciones no hayan sido objeto de pronunciamiento expreso por parte de las administraciones afectadas de modo que no han sido objeto ni de aceptación ni de rechazo.
"Aunque no han sido muchos los casos en que finalmente se ha producido esa situación han supuesto, no solo una falta de aprecio hacia el trabajo realizado por nuestra institución, sino también el incumplimiento de un deber legal, pero, sobre todo, una falta de consideración hacia el ciudadano que ha presentado la queja y que, con todo el derecho, espera una respuesta de la Administración a la resolución emitida por el Procurador del Común", ha advertido al respecto, informa Europa Press.
Quintana ha recordado a este respecto que la Procuradoría dispone de un Registro de Administraciones y Entidades no Colaboradoras accesible a través de la página web, "de público conocimiento" y revisión diaria al que ha dado la mayor importancia para que consten las administraciones que incumplen su deber de colaboración desde el primer día en que se produce esa circunstancia "pero solo mientras dure la situación de incumplimiento".
Respecto a la petición de información para resolver las quejas de los ciudadanos, Quintana sí ha constatado un aumento en la colaboración de las administraciones en comparación con 2018, mejora que ha achacado a la iniciativa adoptada a principios del pasado año cuando se limitó el número de requerimientos de información y se expresó más rigor con la explicación de las consecuencias de esa falta de colaboración con el Procurador del Común.
Por otro lado, ha explicado que la implantación de la sede y administración electrónica está "plenamente operativa" lo que ha permitido seguir realizando el trabajo a distancia "con total normalidad" desde el primer día en que fue decretado el estado de alarma. No obstante, ha lamentado, "a estas alturas" todavía están a la espera de ser integrados en el sistema de interconexión de registros (SIR) de la Administración General del Estado que debe facilitar el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y todavía pendiente "pese a haberlo solicitado en el mes de marzo de 2019".
Finalmente y entre las "actuaciones ancilares" de lo que constituya la actividad del Procurador del Común como defensor de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, ha citado tres convenios en 2019 celebrados con otras tantas instituciones.
El primero se acordó en enero con la 'Corporación Radio y Televisión Española Sociedad Anónima' para regular la colaboración entre dicha entidad y el Procurador del Común en lo correspondiente a la difusión de la información sobre los derechos de los ciudadanos de Castilla y León.
Los otros dos se han celebrado con `instituciones propias de Castilla y León, uno en el mes de marzo con el Consejo de Cuentas para poder hacer un uso recíproco de las dependencias de sus respectivas sedes, y otro en diciembre con el Presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León para someter la actividad contractual que lleve a cabo el Procurador del Común al citado órgano administrativo llamado a conocer de la conflictividad en materia de contratación pública.
Respecto al balance general presentado este martes en el pleno monográfico, ha recordado que en 2019 se promovieron 34 actuaciones de oficio y se recogieron 5.694 quejas con la apertura de 5.728 expedientes. En lo referente a las actuaciones de oficio, se dictaron 47 resoluciones motivadas, de las que en 28 formularon recomendación, recordatorio de deberes legales o sugerencia a la Administración o entidad pública correspondiente y en 19 cerramos la actuación sin haber apreciado irregularidad en el proceder de la Administración.
Por otra parte, de las 47 resoluciones procedentes de actuaciones de oficio emitidas en 2019, 36 se refieren a procedimientos iniciados ese mismo año y 11 corresponden a actuaciones de oficio que fueron iniciadas con anterioridad. "En este último año se confirma como tendencia inaugurada hace ya algunos años la presentación de quejas referidas a unos mismos asuntos por un amplio número de ciudadanos", ha precisado Quintana que ha significado que las 5.694 quejas presentadas en 2019 son "sensiblemente superiores" a las de otros años, con la excepción de las 6.500 de 2018, cuando una misma queja fue presentada por casi cuatro mil ciudadanos.