El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, explicó este viernes que la irregularidad detectada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en relación a la falta de justificación de gastos por parte de la institución provincial abulense fue «un error material» que «ha quedado subsanado en el día de hoy» (por este viernes), de manera que «el lunes quedarán remitidas» al organismo las facturas que se echaron en falta por parte del organismo. Carlos García precisó que el dictamen del Consejo de Cuentas por el que se decidió abrir una investigación hablaba de «cuatro facturas correspondientes al año 2017 que se tenían que haber enviado en el año 2018», algo que, aseguró, ya ha quedado solventado. En este sentido, también puso de manifiesto que» desde la Diputación de Ávila trabajamos en el día a día para enviar miles de documentos tanto al Consejo de Cuentas como al Tribunal de Cuentas o al Ministerio de Hacienda para que esta institución sea si cabe más transparente que nunca en la gestión de su gobierno».
En el caso de la Diputación de Ávila, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había puesto en conocimiento de la Sección de Enjuciamiento la falta de justificación de determinados gastos por la Diputación de Ávila, con la inclusión en un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) de 437.714 euros, de gastos de la Fundación Cultural Santa Teresa por 8.078 euros y del Organismo Autónomo de Recaudación por 211.296 euros, sin facilitar el detalle y las facturas.
El portavoz del equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, también salió al paso de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas a varias entidades, entre ellas el Consistorio abulense, para que redujeran los gastos aprobados con Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos (REC), explicando que desde que Por Ávila llegó a la institución «estamos trabajando para normalizar la situación» económica y, en concreto, las facturas pendientes.
Budiño manifestó que el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito es «un instrumento legal que sirve para poder abonar facturas y pagos de ejercicios ya cerrados o bien el pago de las facturas que no se ajustan a la normativa administrativa en cuanto a la ejecución del presupuesto, es decir, que todavía están sin ejecutar», y en ese sentido insistió en que el equipo de gobierno está tratando de normalizar «esos más de 4 millones de euros que estaban en facturas pendientes de pago». «Agradecemos el informe pero conocemos la situación», aseguró, para añadir que el objetivo es «irlo normalizando en base a ese instrumento administrativo», aunque «es verdad que estamos intentando ponerlo en pared en una situación derivada de impagos, bien por la ausencia de ese procedimiento administrativo en base a la ley bien porque hubo facturas que no se abonaron».
Preguntado sobre si lo achacaba todo al mandato anterior, explicó que «es una situación del Ayuntamiento» y que «el abulense se cansa de echar la culpa a los anteriores, pero sí se hereda una institución que debe 4 millones de euros y primero hay que normalizarlo, lo que no quita que haya que normalizar facturas también dentro de lo que está el equipo de gobierno al frente». Budiño remarcó que «se han normalizado mucho los pagos y que van a seguir trabajando» en esta línea.