Regresar a clase en el estricto sentido de la palabra, pero con seguridad. Esta es la meta que persigue el Ministerio de Educación y que se plasma en la orden publicada ayer en el BOE, que contiene los 14 puntos acordados con 15 Comunidades el pasado 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Educación para preparar la vuelta al cole de septiembre con garantías sanitarias frente a la pandemia.
Este acuerdo, que suscribieron todos los Gobiernos autonómicos salvo Euskadi y Madrid, establece un retorno a las aulas presencial como «principio general durante el curso 2020-2021», que tendrá un mínimo de 175 jornadas lectivas.
Un punto en el que coincide la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), como garante de la igualdad de oportunidades del alumnado, pero sobre el que plantean matizaciones: la bajada de las ratios para garantizar la salud. «No podemos mantener unas ratios como si no existiese pandemia, prevaleciendo otros criterios sobre las medidas preventivas de salud», señalan en un comunicado.
Las familias consideran que en este «inédito» curso provocado por la epidemia se ha acentuado la brecha social, agudizando las desigualdades entre los estudiantes, y no se ha tenido en cuenta la participación de las familias ni del alumnado en la toma de decisiones, pese al gran esfuerzo realizado.
Por ello, para el regreso en septiembre piden instrucciones claras que contemplen los distintos escenarios posibles para una vuelta a clase segura, la plena participación de las familias y del alumnado en la toma de decisiones, y planes de conciliación familiar y laboral.
Asimismo, las familias exigen la flexibilización y adaptación del currículum para alcanzar los aprendizajes imprescindibles, eliminando los contenidos que sean innecesarios; una mayor inversión en la escuela pública para poder avanzar y no dejar a nadie atrás; y la inclusión real de todo el alumnado escolarizado, que es «un derecho, no un privilegio».
Mientras, el sindicato ANPE exige al Ministerio de Educación que «cumpla y haga cumplir a las Comunidades» las medidas sanitarias y de seguridad acordadas para el inicio del próximo curso escolar.
Los docentes de la escuela pública recuerdan que el documento con las recomendaciones elaborado por el Gobierno debe servir de base para el trabajo que realizarán las Consejerías de Educación para planificar el próximo curso y temen que caiga finalmente la responsabilidad en los equipos directivos.
Para garantizar un entorno seguro, cree necesario el diseño de un plan de remodelación de los centros educativos con las reformas estructurales que permitan cumplir las medidas preventivas.