El enfrentamiento entre sindicatos y Junta de Castilla y León por la aplicación de las 35 horas semanales para los 80.000 funcionarios autonómicos sigue subiendo de intensidad, y la amenaza de la huelga general ya está encima de la mesa. Así lo anunciaron ayer los responsables de CCOO,UGT y Csif, que comparecieron para explicar la «tensa» reunión mantenida con responsables de la Administración regional este martes, y que desembocó en un calendario de movilizaciones con vista al 6 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones generales, para cuando hay convocada una huelga general. Un extremo que se producirá si la Junta de Castilla y León «no recapacita» y cumple el acuerdo del pasado mes de mayo para la aplicación de las 35 horas en la Administración de la Comunidad a partir del 1 de enero. Así lo avanzaron Raquel Fernández (Csif), Ana Rosa Arribas (CCOO) y Julio César Martín (UGT), que desvelaron que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, deslizó que no se sienten vinculados con el acuerdo de mayo firmado por el anterior Gobierno por lo que los agentes sociales reconocieron estar «defraudados» con el nuevo Ejecutivo bipartito.
Durante el encuentro del martes, los sindicatos plantearon a la Junta mantener el horario estival de 35 horas, iniciado en algunas áreas, entre ellas educación, y en los servicios de oficinas, y no volver el 1 de octubre a las 37,5, que se aplican desde el año 2012 con la crisis, así como elaborar la normativa para que el 1 de enero los más de 80.000 empleados públicos puedan contar con la nueva jornada, si bien el Ejecutivo ha pedido 48 horas para dar una respuesta, por lo que hay convocada una reunión de ambas partes hoy por la tarde. Fernández, Arribas y Martín rechazaron los argumentos de su coste -entre 100 y 120 millones como manifestó el vicepresidente, Francisco Igea- porque el 21 de mayo se firmó con una memoria económica y la Junta cumplía con las condiciones de déficit y regla de gasto para volver a la jornada de las 35 horas.
«Se inventan datos económicos que no concretan», indicaron en relación al impacto económico al que se refiere la Junta, que los tres intervinientes indicaron que no saben «de dónde los sacan» porque no se lo han explicado. «Hay que cumplir el acuerdo», remarcaron los tres dirigentes sindicales. Por ello, rechazaron que la Junta se plantee un calendario progresivo y que sea efectivo en su totalidad al final de la legislatura, ya que no están dispuestos a esperar otros cuatro años.
Ante esto, los sindicatos ya han presentado los preavisos de movilizaciones que llevarán a cabo en caso de que no se acepte la propuesta y que consistirán en concentraciones ante las delegaciones territoriales de la Junta el 3 de octubre, una de carácter regional el 17 y un paro general de dos horas y media el 25 del mismo mes, y una general el 6 de noviembre, informa Ical.
Respuesta de la Junta
Desde elGobierno regional mantuvieron durante la jornada de ayer el mensaje de los últimos días, y, tal y como aseguró el consejero de Economía y Hacienda,CarlosFernándezCarriedo, la Junta afronta la negociación con los sindicatos para la aplicación de la jornada de 35 horas semanales a los empleados públicos «sin líneas rojas», pero con la condición de que esta medida no perjudique la calidad y la prestación de los servicios a la población. «Nosotros vamos sin condiciones, lo única es que se garantice la calidad, que seamos capaces de asegurar los servicios y que lo que acordemos sea sostenible y en condiciones igualdad», afirmó.
En la misma línea se expresó el vicepresidente, FranciscoIgea, que insistió en que se tiene la voluntad de hacer valer el acuerdo de las 35 horas, y recordó que hoy se reúne el Consejo de Gobierno para analizar la propuesta de los sindicatos. «Respetamos el derecho constitucional a la huelga», apuntóIgea cuestionado por las movilizaciones anunciadas.Por último, el consejero de Presidencia, ÁngelIbáñez, reiteró que hay una serie de condicionantes que tienen que ser tenidos en cuenta para la aplicación de la jornada de 35 horas «de modo cierto y efectivo».