A sus 52 años, Agustín Rodríguez Collado no ha votado nunca. Y no es porque no crea en el sistema, tampoco por dejadez ni por que ningún partido le convenza. Simplemente es que no tenía reconocido el derecho al voto. Su caso no es único, ni mucho menos. Igual que Agustín, casi 900 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo censadas en Ávila y su provincia podrán votar el próximo 28 de abril gracias a una reforma pionera de la Ley Electoral que, por primera vez, reconoce el derecho al voto de este colectivo. Hasta diciembre, eran los jueces y tribunales los que decidían si una persona con discapacidad intelectual reunía las aptitudes para poder ejercer su derecho al voto. Con el citado cambio legislativo, 894 abulenses pasan a ser considerados ciudadanos de pleno derecho al reconocérseles de forma efectiva el derecho al voto que hasta ahora tenían condicionado. En toda Castilla y León ascienden a 9.965, según los datos aportados a esta Redacción por Pronisa. Este cambio legislativo, que para las asociaciones que representan y trabajan con este colectivo supone un gran paso en la integración real y efectiva de las personas con discapacidad intelectual, debería llevar aparejada la adaptación del sistema para facilitar su comprensión a quienes tienen un doble hándicap: votan por primera vez y, además, necesitan textos escritos en lectura fácil para alcanzar a comprender desde una tarjeta electoral hasta el cartel que anuncia la mesa en la que tienen que votar pasando por los extensos programas con los que los distintos partidos políticos concurren a las elecciones. «La urgencia con la que se convocaron las elecciones generales no nos ha permitido disponer del tiempo que hubiéramos necesitado, pero aun así estamos tratando de facilitar la comprensión del proceso electoral a nuestros usuarios en el taller de lectura fácil que hacemos cada lunes», explica Lorena García, empleada de Pronisa y encargada de esta actividad.