La Fundación de Patrimonio Natural apenas 15 días después de que se pusiera en marcha la regulación del aparcamiento de Gredos ha suspendido esta medida hasta, aseguran en nota de prensa, «su implantación definitiva».
Justifican la decisión en el hecho de que «el continuo boicot al sistema en la Sierra de Gredos hace inútil su continuidad para la consecución del fin perseguido con el proyecto experimental». Un fin que recuerdan era «obtener los datos necesarios que sirvieran para redactar la normativa necesaria para realizar una regulación definitiva de los accesos y estacionamientos de los Espacios Naturales de Castilla y León». En ningún caso justifican ese fin en un tema recaudatorio sino de «procurar el mantenimiento del servicio prestado». También defienden que la medida se puso en marcha en cuatro espacios naturales a la vez, que son el de Gredos y la Laguna Negra, Cañón del Río Lobos y La Fuentona de Soria, provincia esta última en la que dicen ha funcionado y «ha sido muy satisfactoria».
Allí pues según la Junta ha ido bien la aplicación, pero lo cierto es que en Ávila el sistema ha recibido innumerables críticas desde que se supo de las intenciones. Las últimas por cierto venidas desde el PP en la Diputación de Ávila, que no dudó en reconocer a través de su portavoz y en el marco del último Pleno de la institución «los errores y precipitación» a la hora de llevarlo a cabo y de hecho la sesión acabó en la aprobación de una transaccional en la que se pedía la retirada de la medida, algo que llega dos días después. También en otras instancias, como es a través de la Asociación de Empresarios del Norte de Gredos y de Gredos Libre acusaban a la Junta de precipitación y de querer recaudar con esta regulación, además de aplicar una medida que no estaba beneficiando a la zona en unas circunstancias económicas como las actuales. Incluso iniciaron una recogida de firmas para parar la medida -entonces en marcha y ahora ya en suspenso-.
Sin embargo, la necesidad de regulación en el parque regional de Gredos es algo que reconocen unos y otros al igual que los alcaldes de la zona en cuestión, pero lo que no coinciden es en la forma de llevarlo a cabo y más cuando los problemas de tráfico en los accesos se producen «en contadas ocasiones».
Así desde la Administración Regional posponen una medida que aseguran sí llegará tras debatirla «como se ha hecho hasta ahora», aseguran, «en los ámbitos de representación establecidos al efecto». Y es que éste era otro de los asuntos que despertó mayores críticas el hecho de no haber contado con todos los agentes implicados.
Y llegará porque a juicio de la Junta «es necesaria y obligada pues asegura una mejor conservación del espacio natural y una mejor atención al visitante, así pretenden implementar la medida «bajo el principio de equilibrio de ingresos y gastos generados por la misma, un aspecto que además contribuirá a la creación de entre 3 y 4 puestos de trabajo en la zona». En cualquier caso y pese a la suspensión, la Junta sigue defendiendo la decisión al tiempo que recuerda que los precios establecidos en el proyecto piloto eran «una aportación voluntaria», algo que ya habían hecho días atrás ante las acusaciones del PSOE que calificaban la medida de «ilegal».
La administración además en respuesta a algunas voces críticas que aseguraban que el turismo había sufrido un revés con la regulación afirma que «en ningún momento ha supuesto una disminución del número de visitantes ni de su consumo en la zona, datos que asegura «podemos extrapolar de la experiencia acumulada en los otros espacios donde se ha implantado la medida y donde su funcionamiento ha sido normal».