Castilla y León vuelve a estar a la cabeza de las comunidades por la gestión que hace de la atención a la dependencia, con una nota de 9,29 sobre 10, frente al 4,86 de la media de España. Un sobresaliente que sitúa a la región como el mejor sistema del país gracias a la plena atención de las personas dependientes y la eliminación de las listas de espera. El último dictamen del Observatorio para la Dependencia, que elabora cada año la Asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales, evidencia la enorme diferencia que existe en la prestación de este servicio entre la comunidad y el resto del país. De hecho, a 31 de diciembre de 2019, solo había un 1,5 por ciento de personas pendientes de recibir la prestación frente al 19,5 por ciento del conjunto del país, casi diez veces más.
Además, el documento pone de manifiesto que la Comunidad es la que más empleo crea vinculado a la dependencia, con 32.558 puestos de trabajo directos, con un incremento este último año de 3.937 nuevos empleos. El informe recoge que el de la dependencia es uno de los sectores más potentes en los servicios, un sector que de media en España genera más de 37 empleos directos, estables y no deslocalizables por cada millón de euros de gasto público, pero que en el caso de Castilla y León, es muy superior, al ser 53 por cada millón de gasto público.
La consejera de Familia, Isabel Blanco, relacionó estos datos con el Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales como instrumento de colaboración entre la administración y las 24 corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales para la financiación de los mismos, que han de llevarse a cabo por las entidades locales. En este sentido, valoró un modelo que prima la proximidad de los profesionales a los usuarios y se evita duplicidades.
Además, manifestó que la Comunidad es la que tiene un porcentaje más alto de personas beneficiarias sobre el total de la población potencialmente dependiente (los mayores de 65 años y los menores de esta edad con discapacidad). En concreto, un 15,1 frente al 10,3 por ciento de la media nacional, con un gasto público por persona potencialmente dependiente de 886,75 euros, el cuarto territorio que más destina y muy superior a la media nacional (664 euros).
104.776 dependientes
Y es que según este informe, en la Comunidad son atendidas 104.776 dependientes, 11.402 más en 2019, y destaca que las prestaciones vinculadas al servicio suponen el 29% de la cartera de servicios (principalmente residencias). En Castilla y León se atiende a 104.776 personas, 1.593 permanecen desatendidas y 11.499 están pendientes de valoración, con una lista de espera de un 1,5%, lo que se considera casi plena atención.
En el caso de los grados II y III que analiza el informe, las personas beneficiarias en Castilla y León son 68.061 y se atiende al 99,04%, sólo hay pendientes 659, el 0,69, cuando la media nacional de personas en estos grados es del 12,4%.
En cuanto al plazo de concesión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, con un máximo legal situado en 180 días, la Comunidad se sitúa entre las que menos tardan, con 199 días, sólo por encima de País Vasco y Navarra (137 y 155, respectivamente).
Retorno del empleo
El presidente de la Asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, explicó a Ical que Castilla y León «está desarrollando un sistema de atención a la dependencia descentralizado con los ayuntamientos y diputaciones que está generando resultados muy eficientes en la Comunidad».