Como «decepcionante» y «la peor solución posible». Así califican desde Comisiones Obreras de Ávila y la Asociación Centaurea  el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril por el que se establece la fecha del 19 de noviembre de 2029 (30 años después de su adjudicación) como la del fin de la actual concesión para la conservación y explotación de la autopista de peaje de la AP-6 y sus conexiones con Ávila (AP-51) y Segovia.

A través de un comunicado de prensa, las dos organizaciones que estuvieron detrás de la denuncia y la posterior histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea creen que, lejos de intentar mitigar los perjuicios ocasionados por el «mantenimiento fraudulento de la concesión de 1999, que fue declarada ilegal por el TJUE, se ha optado por la peor solución posible». Una decisión con la que, subrayan, se «vuelve a supeditar el interés de la ciudadanía para favorecer el de la concesionaria de la AP-6, AP-51 yAP-61».