Piden más exenciones a los afectados por ERTE en el IRPF

I.Camarero Jiménez
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En Ávila han sido 2.250 las personas en ERTE desde el inicio de la pandemia, recuerda la diputada del PP Alicia García y para ellos pide que se eleve de 14.000 a 22.000 euros la cantidad por la que se obliga a declarar

La diputada abulense del PP, Alicia García, ha reclamado al Gobierno que «adopte, sin demora, las medidas necesarias para que queden exentos de declarar el IRPF los trabajadores que se hayan visto afectados por un ERTE durante el año 2020 y hayan percibido, durante ese mismo año, ingresos por rendimientos de trabajo que no superen los 22.000 euros anuales, de dos o más pagadores, siendo uno de ellos el SEPE».

Recuerda García que iniciada la campaña de la Renta 2020, «en Ávila son alrededor de 2.250 personas las que durante este periodo de pandemia se han visto abocadas a acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo» y señala que «esa figura de nuestra legislación laboral, que fue creada por el PP en 2012, se ha convertido en la única medida del actual Gobierno que ha beneficiado a los trabajadores durante esta crisis atroz».

Para instar al Ejecutivo a tomar esta medida, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una Proposición No de Ley en la que subraya que «la gestión improvisada de un Gobierno ausente, más preocupado por sus batallas internas y por objetivos partidistas y electoralistas que por el devenir del país, ha concluido con una cifra infame, aún sin aclarar, de personas fallecidas por la COVID-19, millones de personas en el limbo laboral y la economía del país por el suelo».

Alicia García advierte que, con la situación actual, en la que muchos trabajadores afectados por un ERTE van a tener que declarar sus ingresos al tener más de un pagador si superan los 14.000 euros percibidos el año pasado, a un alto número de ellos el resultado del IRPF «les va a salir a pagar», algo que es «insostenible y demencial viendo cómo día a día aumentan las colas del paro y las colas del hambre, pero el Gobierno se empeña en seguir asfixiando a empresas y trabajadores».