La Junta de Castilla y León asumió el 78,1 por ciento del gasto en dependencia durante 2019, el segundo porcentaje más bajo del país, por detrás de Galicia con un 75,3 por ciento. De esta forma, el Gobierno aportó el 21,9 por ciento del desembolso en estos servicios de la Comunidad, que es la tercera con mayor inversión por habitante, con 261 euros.
Así se desprende de las certificaciones anuales de las comunidades autónomas en 2019, que sitúa la aportación de Castilla y León el pasado año en 489,8 millones, a los que se sumaron 137,2 millones por parte del Estado, lo que sitúa la cifra total en 627,1 millones.
En conjunto, la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones de euros. En conjunto, las autonomías financiaron el 83,9 por ciento, con 7.221 millones de euros. (un 7,4 por ciento más que en 2018) y la aportación estatal se redujo aún más y se situó en el 16,1 por ciento, con 1.386 millones, el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley.
Asimismo, 7.948 euros al año fue el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 euros al mes por cada persona beneficiaria de la ley. Cada año el gasto medio ha ido disminuyendo, siendo este el menor valor desde el inicio.
"La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajo con respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia. Es obvio que –independientemente de la inestabilidad política- alguien ha considerado otras prioridades", explicó la Asociación de Directores Gerentes de Servicios Sociales en declaraciones recogidas por Ical.
En cuanto a la "desigualdad territorial", los datos reflejan que las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368 euros), Extremadura (286) y Castilla y León (261), y las que menos Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143). Las que más incrementaron el presupuesto en el último año fueron: Baleares (32 por ciento), Comunidad Valenciana (18 por ciento) y Canarias (16 por ciento). Castilla y León, por su parte, elevó esta aportación un 10,2 por ciento, con más de 58 millones. Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (1,6 por ciento) y Cataluña (2,2 por ciento) fueron las que menos lo aumentaron.
Al respecto, la organización indicó que el resultado final es la "imposibilidad" de las comunidades para atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes. "El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año (27.116 fallecidos en el “limbo de la dependencia”, personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados", apuntó la asociación.
Por otra parte, la organización señaló que el anuncio de inversión de 600 millones más –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad- supondrá un incremento del gasto público anual que deberían ser aportados íntegramente por la Administración del Estado para llegar así a una aportación global del 22 por ciento la financiación pública, muy lejos aún del 50 previsto. Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones.