Historia de un engaño

Rafael Martínez (EFE)
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La Justicia incide en que los políticos independentistas fueron víctimas de sí mismos y del plan quimérico que idearon, aunque sabían que era una falacia que no se podría ejecutar

Historia de un engaño

El Supremo ha desmontado el procés y el relato de sus actores, revelados como la punta de lanza de una «quimera», que engañaron a una población ilusionada y a ellos mismos en su camino a una independencia inviable, cuando en realidad buscaban tensar la cuerda con el Estado. Hasta que esta se rompió. El plan es que no había plan. Porque no hubo independencia ni podía haberla, no existía el derecho a decidir sino a presionar, no había marco jurídico para ejecutar una secesión ni referéndum capaz de ser homologado que la legitime, como tampoco margen alguno para la ruptura porque enfrente estaba toda la maquinaria del Estado. La sentencia es la deconstrucción del procés.

Una maniobra de marketing independentista «estimulada y alentada con entusiasmo» por los acusados, que desplegaron «un poder convictivo y movilizador» y una retórica sin precedentes para alcanzar lo inalcanzable. «Y lo sabían», apostilla el tribunal, que les condena a entre nueve y 13 años de prisión, aproximadamente la mitad del horizonte penal que encaraban al inicio del histórico juicio.

La sentencia arremete con dureza contra los condenados por alentar desde su responsabilidad pública y asociativa a lo imposible engañando, ocultando y utilizando a la población afín a sus ideas para hacerles creer que con su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República de Cataluña, pero lo cierto es que tampoco deja en buen lugar a esos ciudadanos «ilusionados».

Porque muchos confiaron «ingenuamente» en su liderazgo y en su capacidad para conducirles a un nuevo Estado que solo existía en el imaginario de su promotores, incapaces de dar el paso que ellos mismos habían proclamado y que esa parte de la ciudadanía, a la que tan «insistentemente» habían convocado, les exigía ejecutar.

No hay mejor ejemplo que la DUI de 10 segundos de aquel 10 de octubre cuando Puigdemont dejó en suspenso la independencia, una fotografía de lo que es el procés, «la ausencia de una verdadera voluntad» de dar eficacia a lo prometido, a lo acordado por ellos.

De ese relato onírico dan cuenta los magistrados cuando entierran el delito de rebelión, ya que la violencia se contempla cuando el fin último e irrenunciable es lograr la secesión, no crear un clima o un escenario en que se haga más viable una negociación y conseguir así «doblegar políticamente la voluntad del Gobierno de España» o como el denostado Vila lo llamó en el juicio: tensar la cuerda.

Y es que, pese a plantearse como una estrategia sin frenos, el procés sí recogía una línea roja, «ocultada a la ciudadanía, de que en ningún caso se accedería a la secesión territorial sin el asentimiento del Gobierno legítimo de (toda) España». Más allá del precipicio, estaba el vacío del día después y sobre todo «el Estado, que mantuvo en todo momento el control de la fuerza».

Las expectativas de un sector de la ciudadanía no parecían discurrir en paralelo con las de sus líderes porque «la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado» que publicaban la aplicación del 155.

Derecho a decidir 

Pero el engaño último fue concebido en origen por los condenados, que fueron las primeras víctimas de sí mismos, conscientes de que su propósito independentista era «una mera quimera» y engañados por la ciencia ficción del soberanismo que ellos habían elevado a los altares a partir de dos axiomas inexistentes a ojos del tribunal: el derecho a decidir y votar no es delito. Y es que cuando desde el soberanismo se presumía de ejercer los más altos parámetros democráticos, lo cierto es que se estaba pervirtiendo el término porque «no existe un derecho a decidir ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad.