Izquierda Unida al final ha recurrido a los tribunales para tratar de poner fin a las «irregularidades» por los pagos reiterados de horas extra a funcionarios municipales.
Lo ha hecho presentando demanda al Contencioso Administrativo número 1 de la capital abulense. Se refería la concejal, Henar Alonso, a tres recursos potestativos de reposición contra tres acuerdos de junta de gobierno para la autorización de créditos de cara al pago de esas horas extra. Uno de ellos referente al pasado mes de septiembre por valor de 48.000 euros otro más en noviembre por valor de 78.500 y uno más de diciembre por 42.000. Es decir por casi 170.000 euros que de algún modo es «simbólico» pues estimaba que las modificaciones de crédito anuales para pagar horas extra estaría en torno al medio millón.
El hecho de que recurran a los tribunales se debe a que aunque lo han llevado a comisiones y juntas de gobierno no se han atendido sus demandas. «Más que fundamentadas», estimaban que están pues el pago de horas extra a personal funcionario se produce «en cuantías fijas y de forma periódica» no está contemplado por ley.
Para la formación de izquierdas está claro que si alguien hace un trabajo a mayores de su horario laboral debe ser pagado, pero tendría que ser en concepto o bien de productividad o bien de gratificación porque el estatuto de personal funcionario no lo contempla de otra manera. Máxime cuando los pagos son periódicos y en cuantías fijas. Además los nombres que aparecen también se repiten, decía la concejal y del mismo modo ocurre con la periodicidad. Y es que suele coincidir con temporadas festivas, Semana Santa, Fiestas de Verano, Fiestas de la Santa o San Segundo. Algo que achacan además a la falta de un calendario laboral elaborado con la suficiente antelación. Las horas extra además tendrían que estar justificadas en la «urgencia» pero «¿qué tipo de urgencia es por ejemplo las fiestas de San Segundo?», se preguntaba Alonso.
Falta también el informe preceptivo al respecto de la autorización de esas horas extra pues debe ser anterior a que se hagan y sin embargo se hace a posteriori.
No son las únicas irregularidades que ponen de manifiesto ya que en ocasiones se justifican «trabajos a deshora desde casa» y que afectan a personas que no han solicitado el teletrabajo; además «aparecen horas extra en el caso de personas que ese día no trabajaban en ese día porque lo tienen libre o estaban de vacaciones».
Las peticiones de IU, aseguraba la edil, se debían haber resuelto por vía administrativa pero no ha sido así y dado que estiman es una práctica habitual han tomado esta decisión que seguro que se resolverá cuando ellos ya no estén en el Ayuntamiento, ponían de manifiesto, pues ninguno de los concejales que está en la actualidad en el grupo municipal repetirán en estas elecciones. Pero es «nuestra herencia» y probablemente de «las últimas iniciativas del grupo municipal de IU».
Antes de llegar a los tribunales intentaron la solución vía administrativa y en ese impás y con los informes de intervención ya vieron que podían existir las irregularidades aludidas pues faltaban los informes justificativos y en determinados casos «no corresponden a verdaderos trabajos realizados». Hablaban de «prácticas ilegales abusivas y que generan desigualdad» además de que «las paga el ciudadano». Por último, consideran que en todo el tiempo que llevan denunciándolo no hay «voluntad de reforma», de revertir la situación y que «aprovecha el equipo de gobierno que tiene mayoría en los órganos de decisión».