La población residente en la provincia de Ávila creció en los seis primeros meses del año un 0,35%, al pasar de los 158.854 habitantes registrados a 1 de enero de 2021, un dato ya definitivo, a los 159.413 a fecha del pasado 1 de julio (dato todavía provisional), lo que conlleva un aumento de 559 vecinos en números absolutos. Este dato se suma al ya oficial que conocíamos esta misma semana: las cifras del INE relativas a la revisión del padrón sitúan en 158.421 los habitantes de la provincia a 1 de enero de 2021 y en 57.949 los de Ávila, 757 más y 420 menos, respectivamente, que un año atrás.
Por tanto, durante dos años consecutivos se aprecia una tendencia de mejoría global en la cifra de residentes, con la peculiaridad de que éstos se inclinan por la preferencia del medio rural en detrimento de la opción capitalina.
Es una inclinación interesante, que quizás tenga que ver con la coyunturalidad de la pandemia, pero que anima a trabajar de forma seria para enfrentarse a ese importante desafío que supone la despoblación, y de la que, desgraciadamente, la provincia de Ávila es un escaparate recurrente. En primer lugar, el medio rural abulense, el más afectado en los últimos años por la caída demográfica, tiene que mantener como base económica la secular actividad agropecuaria. Obviar este aspecto es echar por tierra, por la misma que ha alimentado a campos y ciudades de España durante decenios, siglos de tradiciones, de recursos, conocimientos y alternativas de vida. En segundo lugar, la modernidad tiene que abrirse hueco de una vez por todas en nuestras comarcas.
La integración en la Sociedad de la Información es tan relevante para la supervivencia de los pueblos, que no hay alcalde hoy en día que, por ejemplo, no perciba la importancia de contar con una conexión digna a Internet. Relacionado con ello, es igualmente imprescindible dotar a los pueblos de centros educativos cercanos y adaptados a los tiempos y, por supuesto, de unos consultorios médicos abiertos y con unas dotaciones que asuma Sanidad, no los propios ayuntamientos, siempre escasos de fondos. Por último, desplegar unos servicios de autobús adaptados a la realidad completaría un conjunto de medidas eficaces contra la despoblación. El Plan Territorial de Fomento que ya cumple más de un año –con énfasis en el sector agroalimentario–el aumento del techo de gasto de los ayuntamientos y la llegada de los fondos de recuperación y resiliencia han de ir de la mano de una concepción orientada en buena medida a la transformación digital y al cambio de modelo productivo.
No puede quedarse esta nueva estrategia en un simple Plan E de nueva generación, sino que tiene que sentar las bases para que esta tendencia recopilada en el primer semestre y durante el pasado año, se transforme una decidida dinámica de asentamiento poblacional.