Voy a comenzar refiriéndome al niño de Canet de Mar, Barcelona, y a sus padres. Ya saben, los que han logrado que los Tribunales reconozcan su Derecho a que perciba, al menos, un 25% de clases en castellano, su lengua materna, la lengua propia de toda España.
¿Se trata ese niño de una única persona con un problema singularizado, o, por el contrario, viene a representar un problema que afecta a toda la Sociedad?
Afirmo que el niño de Canet de Mar somos todos, la Sociedad en su conjunto, ya que el problema de una persona cuando se trata de vulneración de derechos fundamentales nos afecta a todos, en éste caso de forma directa a ese niño y su familia, por extensión inmediata a los millones de ciudadanos que viven en Cataluña, también a todos los españoles, máxime cuando es una situación mimetizada en otras Comunidades, especialmente la Valenciana y la Balear, que van por los mismos derroteros.  
Conviene destacar que, más allá de lo que han establecido los Tribunales de Justicia, el  Derecho a usar en España el castellano, y por ende de ser educado en este idioma, sobre todo cuando se trata de la lengua materna, deriva de lo recogido en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también en los Derechos que protegen a los menores. Precisamente por ello, e igualmente por aplicación de otras Normas de carácter ordinario, el TSJ de Cataluña y el Tribunal Supremo han reconocido el Derecho del menor.
No se trata en tan corto espacio de hacer un estudio jurídico, pero no está de más poner de manifiesto que Constitución Española, en su artículo 3.1., establece: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». A su vez, el artículo 27.2 dispone que «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales»; y el artículo 39.4 establece que «Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el Estado Español, dispone en su artículo 26, ordinales 2 y 3, que la educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, teniendo los padres derecho preferente a elegir la educación que habrá de darse a sus hijos. Y, claro, la educación es un Derecho Público, por lo que las Instituciones han de garantizar esos derechos en todos los Institutos, Colegios y Universidades.       
No se trata, por lo tanto, lo que afecta al niño de Canet de Mar –y con él a otros cientos de miles de niños–, de un problema personal, sino de toda la Sociedad, y como tal debe ser tratado y defendido, no en un determinado momento, sino de forma constante.
Los malos gobernantes, y hablo de «maldad», no de mala capacidad para la gestión de lo público, que también concurre en muchísimas ocasiones, nada quieren saber del individuo y de sus derechos. Y por individuo ha de entenderse «PERSONA», con mayúsculas, esa que somos todos y cada uno de nosotros.
Quieren los «malos» gobernantes ciudadanos aborregados, o al menos adoctrinados.  No les gustan las personas con criterio propio y suelen hacer todo lo posible por hacerlos callar. 
Si en nuestro País hubiera gobernantes que no fueran «malos», –«mala gente», que diría la persona de pueblo, en su franqueza– no permitirían lo que está sucediendo a miles de personas en determinados territorios. En modo alguno dejarían desamparadas a las personas cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados, ni permitirían que se les ofendiera y atacara, incluso desde las propias Instituciones.   
Corresponde en éste caso la función de cumplir y hacer cumplir la Ley a aquellos que tienen la responsabilidad más directa, delegada por el Estado, cuales son los representantes de las Comunidades Autónomas. Pero si esos representantes no actúan respetando los Derechos y haciendo cumplir las sentencias, el Gobierno de la Nación no puede mirar a otro lado, que es lo que se viene haciendo, descarada y miserablemente.
También nos corresponde a cada uno de nosotros alzar la voz y no permitir ese estado de cosas, y bien sencillo lo tenemos porque está en nuestra mano quitar y poner Gobiernos, a través de las elecciones. Lo lógico es que lo hiciéramos por puras convicciones humanas y democráticas, pero, al menos, si alguien no tiene arraigados esos principios, al menos debería hacerlo por mero egoísmo, pues que le puede suceder a él o alguien muy próximo en cualquier momento y por circunstancias muy diversas. No pocos de los que ejercen los Poderes Públicos suelen estar dispuestos a pasar por encima de cualquier persona o grupo con tal de conseguir sus propósitos, de forma que la defensa que hagamos de un miembro de la Sociedad cuando son pisoteados sus Derechos es nuestra propia defensa, de presente y de futuro.
En una materia tan sensible y relevante como es el derecho a ser educado en tu País en la lengua común, máxime si se trata de la lengua materna del alumno, debe haber unanimidad en los Demócratas, porque se trata de un derecho fundamental, que afecta a la libertad y a la dignidad del ser humano. Particularmente, es un asunto que tengo presente de forma constante, porque me identifico con todos los afectados. Les invito a que hagan causa común con esas personas.  Más diré, aunque sé que es muy difícil, me atrevo a sugerir que los medios de comunicación abran todas sus Portadas con la simple reseña de que en determinados territorios de España se priva a los alumnos del derecho a la educación en su idioma. Que lo sepa todo el Mundo.
P.D.- Afortunadamente, al niño de Canet de Mar, a sus padres, les están siguiendo otros muchos. Hagamos que no se pare el movimiento, con nuestro apoyo.