El descenso de los asuntos vinculados a las demandas por cláusulas abusivas en los contratos bancarios, una caída que conllevará el final de la especialización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  número dos, permitirá a este órgano unipersonal asumir otros asuntos y aliviar en parte la presión sobre el conjunto de la planta judicial abulense.

Sin embargo, la Administración de Justicia abulense, a falta de conocerse la memoria anual de 2020, se ha visto obligada a afrontar los rigores de gestión y funcionamiento impuestos por la crisis sanitaria con el lastre de los peores parámetros de Castilla y León en relación a la carga y resolución de asuntos. Y ello, a pesar del esfuerzo de los miembros de la carrera judicial y del conjunto de los funcionarios de la Administración de Justicia de la provincia.

Tampoco se han satisfecho las necesidades demandadas por la Justicia abulense, algunas de ellas demasiado tiempo ya en los cajones del Ministerio de Justicia. Por ello, aunque disminuya la carga de trabajo del juzgado número 2, sus efectos no serán, previsiblemente, decisivos para mitigar las carencias fundamentales de la provincia.

En el año 2019, los 15 órganos judiciales unipersonales y tribunales abulenses ingresaron 15.249 asuntos: 6.481, en el orden civil; 7.823, en el penal; 341, en el orden contencioso-administrativo; y 604, en el social. La media de asuntos en cada uno de los órganos rondó el millar.

A las puertas del inicio de la pandemia, Ávila fue la provincia abulense que registró los parámetros más negativos relacionados con la carga de trabajo de toda Castilla y León.

La tasa de congestión es uno de ellos. El índice expresa el cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo más los registrados en ese periodo; y donde el denominador son los asuntos resueltos en dicho tramo temporal. Un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto menor sea su tasa de congestión. Pues bien, en el caso de Ávila, este parámetro fue en 2019 del 1,519, el mayor de las nueve provincias de la región, ligerísimamente por encima del de Palencia, y bastante más elevado que la media castellano y leonesa (1,40).  

Se puede tomar también como ejemplo el parámetro de ‘resolución’. Éste refleja el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo. Sirve para poner  en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva. Un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto mayor sea su tasa de resolución. Si es mayor que uno indica que se esta resolviendo mas de lo que ingresa. En el caso de Ávila, la tasa es la más baja de Castilla y León, de un 0,92 (la regional es 0,99).

En tercer lugar, el índice de ‘pendencia’ representa el cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo. Un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto menor sea su tasa de pendencia. En Ávila, este dato es el segundo mayor de Castilla y León, con un 0,49, únicamente superado por el de Palencia, con 0,51. La tasa regional es del 0,39. En cuanto a la denominada ‘tasa de sentencia’, el resultado de dividir el número de sentencias y el de asuntos resueltos, expresado en tanto por ciento, y que indica el porcentaje de asuntos que se resuelven por sentencia, en la provincia de Ávila ese índice es del 0,27, el octavo a la cola en la región, por encima de Soria (0,26) y por debajo de la media autonómica (0,31).

Con estos datos sobre la mesa y la previsible evolución negativa derivada de la pandemia, la planta judicial abulense precisa, según la última memoria de necesidades del TSJ de Castilla y León, una cuarta plaza de magistrado en la Sección Mixta de la Audiencia Provincial; un segundo juzgado de lo Penal; un sexto juzgado de primera instancia e instrucción; y en torno a una veintena de funcionarios más. En el caso de la plaza de magistrado y del segundo juzgado de lo penal estamos ante reivindicaciones permanentes, que durante años acompañaron a la de un quinto juzgado de primera instancia e instrucción, creado en a finales de 2017, el cual, a tenor de lo recogido por el TSJ, ya se queda corto como atenuante de la sobrecarga existente. 

A este respecto, a juicio de los abogados de Ávila, las necesidades más perentorias son «el empleo de más medios personales y materiales que permitan dar mayor celeridad a la tramitación de los asuntos; el refuerzo de algunos Juzgados que se encuentran prácticamente paralizados, tanto en la tramitación como en el dictado de resoluciones; y el refuerzo del Equipo Psicosocial, que tarda más de un año en la emisión de algunos Informes», explica la flamante decana del colegio, Sonsoles Jiménez Herrero.

Tendencia alcista  

«La actividad judicial se ha desarrollado normalmente durante el año 2019 en la provincia de Ávila, gracias al esfuerzo y empeño de cuantas personas participamos con una u otra función en la Administración de Justicia, y ello a pesar de la prácticamente nula satisfacción por parte del Ministerio de Justicia de los aumentos de plantilla, imprescindibles en los órganos que se dirá, y creación de unidades judiciales, también inaplazables, que mitiguen la escasa dotación y sobrecarga que padece la provincia». De esta manera encabezaba el informe de necesidades el presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, Javier García Encinar, con fecha a 6 de febrero de 2020.

La planta judicial abulense está integrada por 15 órganos y tribunales distribuidos en cuatro partidos (Ávila, Arévalo, Arenas y Piedrahíta). En el informe citado, el magistrado hacía mención especial a la tendencia alcista del volumen de asuntos registrados en órganos de la Jurisdicción Civil, alcanzando cotas «exorbitantes y desmesuradas». En general, los juzgados de primera Instancia e instrucción de Ávila, y el juzgado de lo penal «doblan la carga máxima de trabajo que razonablemente cabe atribuir»: en cuatro años han incrementado en más del 100% su volumen de entrada. Ha persistido, además, el impacto producido por las medidas de contención del gasto público, y «recortes anudados al estatuto profesional y laboral de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia». Muy significativa ha sido, según el informe, «la cuasi desaparición de la llamada ‘justicia interina’ a costa de un mayor esfuerzo por parte de jueces y magistrados titulares». Entre las necesidades también se incluye la mejora del sistema informático LexNET, el medio de transmisión de información y comunicaciones de la Administración de Justicia.