Cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, a los que se han sumado en fechas más recientes los relativos al IRPH,el índice de referencia de préstamos hipotecarios... Todos ellos asuntos marcados por las que se conocen como cláusulas abusivas en la contratación bancaria.

Este conjunto de materias ha dado lugar desde mitad de la década pasada a un aluvión de reclamaciones en toda España, alentadas por diversas resoluciones judiciales favorables a los clientes y uno de cuyos hitos fue la sentencia de marzo de 2018 del Tribunal Supremo que establecía que los bancos debían pagar parte de los gastos de constitución de una hipoteca (notaría, registro...), pero que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a cargo íntegramente del prestatario, es decir, el solicitante de la hipoteca.

Más recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de mediados de julio, «aclaraba que deben devolverse a los consumidores todos los gastos de formalización de hipotecas impuestos en sus préstamos, reforzando el criterio de que una cláusula declarada nula se ha de tener por no puesta y por tanto los efectos que generase deben también anularse (en este caso, los gastos pagados)», explica Adicae, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros, una de las más activas y beligerantes frente a las cláusulas abusivas.

Ávila no ha estado al margen de esta litigiosidad y desde el verano de 2017 en que Justicia habilitó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 como órgano judicial especializado de forma «exclusiva pero no excluyente» para abordar estas demandas, han sido 1.771 los asuntos ingresados, mayoritariamente concluidos en forma de sentencia estimatoria para el cliente, bien en esta primera instancia, bien en apelación ante la Sección 1 de lo Civil y Penal de la Audiencia Provincial.

Sin embargo, este extraño 2020, marcado por la pandemia, ha descrito una estadística claramente a la baja en cuanto a la entrada de demandas en Ávila, unas 168 en todo el año y apenas 49 entre octubre y noviembre. Esta tendencia ha provocado que las autoridades judiciales ya no prorroguen más tiempo la especialización del juzgado abulense y, junto con otras ocho provincias, asumirán en 2021 los procedimientos según vayan entrando en los diferentes juzgados de primera instancia e instrucción (en Ávila, cinco), sin reservar a uno de ellos para tal fin,

La decisión ha sido tomada por el Consejo General del Poder Judicial, Justicia y las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la evolución de los datos estadísticos y los informes elaborados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Así, por primera vez, se dará por finalizada la especialización en las provincias de Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja debido a la escasa pendencia de asuntos y a la mínima entrada de nuevas demandas que se ha producido durante el tercer trimestre del año», detalla el CGPJ.

El plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con el objeto de hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas por pleitos ligados a la contratación bancaria, particularmente en materia de hipotecas. Dicho plan se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 27 de mayo de 2017, perfeccionando el Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuía a determinados juzgados, «con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física».

Hasta el tercer trimestre de 2020, el juzgado específico para abordar las cláusulas abusivas bancarias en Ávila ingresó 1.722 asuntos, según datos del propio Consejo General del Poder Judicial. De ellos, fueron resueltos 1.697, el 91,2 por ciento, mediante sentencias.

Las de carácter estimatorio supusieron de media el 94,9 por ciento durante el periodo que va desde el 1 de junio de 2017 al 30 de septiembre del 2020. En concreto, las 35 resueltas durante el primer año natural de vigencia del acuerdo de especialización lo fueron de manera estimatoria. Las que concluyeron con ese mismo resultado entre las 255 de 2020 alcanzaron un porcentaje del 97,4%; mientras que las de 2018 (665) y 2019 (512) fueron del 91,2% y del 90,4%, respectivamente. El primer año, realmente un semestre, el de 2017, conllevó una avalancha de acciones individuales ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ávila: se ingresaron 595 asuntos, un centenar al mes, el doble que en 2018 y tres veces más que en el 2019.

Al año siguiente, la cifra de ingresados ascendió  a 655; la del 2019 fue de 353 y la de 2020, hasta el 30 de septiembre, de 119. En total, 1.722 expedientes, de los que a finales del tercer trimestre de 2020 habían sido resueltos 1.607, una tasa de resolución de 0,93, sin duda un gran esfuerzo de la Administración de Justicia en Ávila, en aras a alcanzar el parámetro ideal de la tasa 1: un ingreso, una resolución. Según los últimos datos del Tribunal de Justicia de Castilla y León a los que ha tenido acceso Diario de Ávila, en octubre y noviembre de 2020 habían entrado otros 49 expedientes, hasta hacer un total de 168 a finales de ese periodo (enero a noviembre), que concluía con algo más de un centenar de asuntos en trámite.  

Para Sonsoles Jiménez Herrero, nueva decana del Colegio de Abogados de Ávila, la valoración de estos dos años y medio de especialización «es positiva. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ávila ha dado respuesta a la alta litigiosidad producida desde el año 2017, ofreciendo una tramitación muy acorde con las circunstancias concurrentes y soluciones uniformes, que han redundado en una mayor seguridad jurídica». Jiménez Herrero considera que los procedimientos sobre cláusulas abusivas (suelo, gastos de formalización de hipoteca, vencimiento anticipado, intereses moratorios, etc) «han representado un número muy elevado de asuntos desde el año 2017 hasta el año 2020, que se ha producido un descenso progresivo de la presentación de nuevas demandas».                         La supresión de la especialización –explica–  supone que este tipo de asuntos van a ser tramitados y resueltos por los cinco Juzgados de Primera Instancia de Ávila, y por los de Arévalo, Piedrahíta y Arenas, «lo que dará lugar al empleo de distintos tiempos en la tramitación y a la diversidad de criterios judiciales».