El pasado martes día 1 se celebraba el Día Mundial de la Leche, un evento creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hace justamente dos décadas con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero e incentivar el consumo de leche en todo el mundo. En su cuenta de Twitter, el ministro de Agricultura, Luis Planas aseguraba que «España tiene mucho que celebrar en el #díamundialdelaleche. Nuestro sector #lácteo y su industria son motores de nuestra economía #agroalimentaria. Generan empleo y renta en el ámbito rural, con un volumen de negocio de 9.500 millones de euros y una ocupación de más de 30.000 personas».

Sin embargo, el sector no está para celebraciones. En marzo del año pasado eran alrededor de 12.700 los ganaderos de vacuno de leche que había en España, mientras que doce meses después no llegaban a los 12.000, según el Ministerio de Agricultura; la organización agraria UPA habla de una reducción de un 25% en el número de estos profesionales en el último lustro. Los números, desde luego, no son demasiado halagüeños. A pesar de estas cifras, la producción se elevó un 2,35% en 2020 respecto a 2019, lo que confirma la paulatina desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones, mucho más sostenibles, a favor de las grandes granjas.

A pesar de todos los esfuerzos del sector por renovarse y ser cada día más competitivos; del endurecimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a que se cubran los costes de producción; de que los ganaderos han modernizado sus explotaciones y cada día producen con más calidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal... A pesar de todo ello, los productores de leche de vaca en España se enfrentan a su extinción, aseguran desde UPA.

Los datos difundidos por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos demuestran que los productores afrontan una profunda crisis que puede tener enormes consecuencias para el medio rural y para el medio ambiente, así como para el propio sistema alimentario español, que está «dejando morir» a uno de sus sectores más emblemáticos. En el año de la pandemia (de enero de 2020 a enero de 2021) han abandonado en España 725 ganaderos, recalcan. Echando cinco años la vista atrás, 4.302, un 25% del total, han cerrado sus granjas. Tras estos cierres está una honda crisis de rentabilidad por la falta de precios justos pagados en origen. El precio medio en 2020 fue de 0,332 euros por litro, por debajo de los 0,3626 que los últimos estudios sitúan como el coste de producción medio por litro.

«Nadie puede vender por debajo de costes y vivir para contarlo», ha asegurado Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA. «Perder 3 céntimos por litro es inasumible», asegura. La Ley de la Cadena Alimentaria, que precisamente persigue acabar con estas ventas con pérdidas, no está funcionando, porque tanto industrias como distribución siguen «imponiendo su ley» en la firma de contratos.

UPA denuncia además que los costes se han disparado últimamente. La soja, uno de los principales alimentos del ganado, se ha encarecido un 32% respecto año anterior, y el maíz un 33%. El pienso complementario es un 20,45% más caro, según datos del propio Ministerio de Agricultura. Los costes de mano de obra para el manejo del ganado también han crecido desde 2010: la de pastores, un 11,5%; encargados y capataces, un 8,5%; y vaqueros y porqueros, un 11,34%, señala UPA. Esas subidas, sin embargo, no están repercutiéndose al precio de la leche, agravando la crisis de rentabilidad.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han exigido a industrias y distribución que dejen de «ahogar» a los ganaderos lácteos y les protejan como lo que deben ser: proveedores de un producto cuya demanda ha crecido durante la pandemia y uno de los pilares en la protección del medio ambiente y la lucha contra el despoblamiento. «Desde UPA seguiremos denunciando ante la AICA todos los abusos e incumplimientos, pero sin una toma de conciencia y un cambio de actitud de industrias y distribución vemos muy difícil salir del atolladero en que nos encontramos», han lamentado.

El responsable de la sectorial láctea de ASAJA, Ramón Artime, ha señalado que la subida de los cereales y la soja «somos incapaces de trasladarla al precio del litro de leche», por lo que «seguimos con la misma historia de años». Echa en saco roto los avances que contenía la Ley de la Cadena porque, al final, «el mercado impone sus criterios y el más débil es el productor».

Para el responsable del lácteo en COAG, Gaspar Anabitarte, el sector llega a este Día Mundial de la Leche «exhausto» porque la leche «sigue sin cubrir los costes de producción, ni de lejos». Anabitarte habla de que se está obligando a firmar en los contratos la cláusula de que se cubren los costes «para cumplir la ley» pero luego es «completamente falso».

Injerencias.

Por si estos demoledores datos no fueran suficientes, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han pedido al Ministerio de Agricultura una reunión urgente para mostrar su rechazo a los últimos cambios introducidos en el estudio de la cadena de valor de la leche porque, en su opinión, estos cambios dejan «vacío de contenido» el estudio y lo convierten en un documento «carente de rigor». Tras estas modificaciones está, a juicio de estas organizaciones, una «mano negra» que no quiere que se reconozca que en el sector lácteo hay ciertos eslabones que llevan varios años en una estrategia de «acoso y derribo» hacia los ganaderos que producen leche de vaca en España.

Estaba previsto que el estudio se presentase en la próxima reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, convocada para el martes de la semana que viene, pero estas organizaciones han pedido una reunión urgente para tratar de salvar un documento que califican de «muy necesario» pero que redactado en los términos actuales es para ellos «inasumible».

Los ganaderos aseguran que el estudio de la cadena láctea debe ser un documento que refleje la situación real del sector y aporte transparencia, y no un texto que «lave la imagen y la conciencia» de determinados agentes en la cadena con comportamientos «irresponsables». ASAJA, COAG y UPA consideran que el Ministerio de Agricultura no debe permitir que se utilice un documento oficial para «blanquear la imagen de ciertos eslabones» y se culpabilice de los problemas del sector lácteo «a quienes menos culpa tienen: los ganaderos».

Anabiarte, de COAG, explica que el Gobierno hizo un estudio a principios de este año que estimó en 36 céntimos el coste medio de producir un litro de leche en España, pero fue posteriormente revisado por una consultora, a petición de la industria láctea, que estableció una horquilla de entre 30 y 43 céntimos por litro. Con ello, la industria justificó sus 30 céntimos de pago y si a un ganadero le cuesta 43 su litro de leche es «que tiene que recortar gastos».