El Partido Popular ha presentado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL?) con el fin de «combatir la ocupación ilegal de viviendas».
Lo anunciaba este jueves el procurador abulense Vidal Galicia en una comparecencia ante los medios en la que estuvo acompañado por sus colegas Miguel Ángel García Nieto y David Beltrán.
«Desde el PP de Castilla y León creemos que hay que mejorar el actual ordenamiento jurídico para proteger más a los propietarios y que existan medidas rápidas para desalojar a las viviendas que están ocupadas ilegalmente», argumentaba Galicia, que no dudaba en reiterar la propuesta de su partido de recuperar la pena de prisión por usurpación de vivienda y así como la de apostar por los desalojos de esas mismas casas en menos de 48 horas.
Para ello, decimos, el PPha presentado junto con Ciudadanos ua PNL que, destacó Galicia, cuenta con un punto tercero presentado en exclusiva por el PP en cuya votación, «casualmente», dijo con ironía el procurador abulense, se abstuvo el Partido Socialista.
«En ese punto exigimos al Gobierno de España modificaciones legales que permitan desalojar la vivienda de forma rápida y devolverla a sus legítimos propietarios», expuso Galicia, que alertó de la gravedad del tema que trataba: «En los últimos años la ocupación se ha disparado un 23 por ciento», apuntó un primer dato antes de señalar también que actualmente se registran 40 denuncias diarias por ocupaciones ilegales. «Y casualmente ese incremento de las cifras coincide con la llegada al Gobierno de los socialistas», considera el que fuera alcalde de Arévalo.
En su opinión, esa abstención del PSOE viene motivada por «no querer molestar» a sus socios. «Sabemos cuál es la postura de Podemos en relación a este tema, la permisividad», dijo Galicia, que apuntó que si bien la Constitución Española defiende en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna, también hace lo propio con la propiedad privada en el 33. «Por eso no se puede usurpar ni invadir una vivienda ajena», insistió en su argumentación el procurador, que expuso los tres puntos fundamentales de la PNLpresentada.
En primer lugar, «el compromiso de la Junta de Castilla y León para luchar contra la ocupación ilegal». En segundo, «impulsar la coordinación y cooperación para retomar la lucha contra la ocupación». Y en tercero, y en su opinión fundamental, la interpelación al Gobierno, «que es el que tiene las competencias para mejorar la regulación y protección a los propietarios legítimos».
Para ello, en la PNL el PP plantea la modificación delCódigo Penal, de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, de la de Enjuiciamiento Criminal, de la de Enjuiciamiento Civil, de la de Propiedad Horizontal y de la del Régimen de Base Local.
Y todo ello para, entre otras cosas, poder ofrecer «mecanismos a las Fuerzas yCuerpos de Seguridad delEstado para que actúen de forma rápida».
«La ocupación genera un problema grave y los municipios pierden seguridad», alertó Galicia, que insistió en que las personas que ocupan una vivienda no pueden tener la misma protección que el que la compra o la alquila. «Hay que defender al propietario y al inquilino», zanjó el asunto.