Bien podría aplicarse en este caso aquello de que «de casta le viene al galgo». O por echar mano del refranero de nuestra querida y vecina Portugal, aquello de que «filho de peixe –hijo de pez– sabe nadar».  Y es que  actitudes y cualidades también se heredan. O no se olvidan.
Sea como fuere, el hecho es que así me vino a la cabeza al seguir hace unos días a la titular de Educación, Pilar Alegría, en la presentación que en rueda de prensa  hizo del decreto por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación en todas las etapas del sistema educativo salvo en la universitaria, que el Consejo de ministros acababa de aprobar. 
La joven ministra (zaragozana, 44 años, ex delegada del Gobierno en la capital del Ebro y miembro del Consejo asesor de la Fundación Pablo Iglesias) se movió, en efecto, como pez en el agua y acreditó su condición de diplomada en Magisterio, especialidad Educación primaria. Parecía saberse el tema de memoria y casi sin leer papeles –cosa rara– expuso y justificó, entre otros extremos, las bondades de la evaluación continua que casi de la noche a la mañana las comunidades autónomas han de aplicar en las aulas.
El nuevo método viene a terminar en la Secundaria obligatoria con los exámenes de recuperación, de junio/septiembre, por ya no ser necesarios,  habida cuenta de que el seguimiento  continuo del alumno con dificultades en el aprendizaje vendrá a ser practicado desde el primer día del curso. E integrado así en el propio proceso didáctico, el procedimiento posibilitará  la adopción de medidas de refuerzo si fuesen precisas. La repetición de curso será en todo caso un mecanismo excepcional.
La verdad es que la ministra y con ella el sanchismo malgobernante no inventan nada nuevo, porque en tal etapa e incluso anteriores  tal ayuda  continua y desde el minuto uno ha venido siendo práctica elemental  de la profesión docente casi desde su fundación, por decirlo de alguna manera. 
No obstante, ello no debería ser obstáculo –creo– para que el nuevo sistema fuese compatible  con la modalidad de los exámenes. Una y otra práctica pueden ser perfectamente complementarias. Y es que como por experiencia se sabe, preparar un examen requiere autonomía, responsabilidad y esfuerzo, actitudes  siempre muy útiles de cultivar.
Al tiempo, bien se sabe también que una de las características de las políticas educativas de los Gobiernos socialistas es el constante aumento de las facilidades para pasar de curso y/o obtener el título. Suprimir pruebas  y permitir el paso de curso con materias suspensas va a  incrementar por un lado la cultura del facilismo y, por otro, el desánimo del profesorado.
Precisamente sobre laxismo educativo y la falta de instrumentos de medición externa, estandarizados y homogéneos que permitan conocer y comparar el grado de adquisición de conocimientos y habilidades por parte del alumnado, el ex ministro del ramo y ex embajador ante la OCDE, José Ignacio Wert, publicaba hace unos días en un periódico económico un artículo titulado '¿Todo vale en educación?'. 
De ser así como lo es,  a su juicio ello conllevará   una catarata de consecuencias negativas para todos: para los estudiantes de mejor provecho, porque les priva de cualquier incentivo para seguir esforzándose. Para los que tienen más dificultades porque la falta de consecuencias prácticas de su menor rendimiento no les motivará tampoco a mejorar. Y para los profesores porque, además de la frustración que puede originar tal desprecio al mérito y desconsideración del esfuerzo, van a sufrir una presión muy intensa no sólo de los estudiantes, sino también de parte de las familias y, desde luego, de las autoridades educativas para que apliquen la idea matriz del «todo vale» a la hora de decidir sobre evaluación y promoción.