Nadie podía imaginar a mediados de marzo de 2020, hace ya casi un año y dos meses, que los ciudadanos españoles iban a estar en situación de estado de alarma, con los derechos fundamentales (entre ellos la movilidad) reducidos o suspendidos, durante casi 10 meses, concretamente 295 días repartidos en dos períodos: desde el 14 de marzo de 2020 y hasta el 21 de junio de ese mismo año; y desde el 25 de octubre de 2020 y hasta la medianoche de hoy. Además, la Comunidad de Madrid estuvo dos semanas más en esta situación excepcional al declarar el Gobierno de Pedro Sánchez esta medida en la región entre el 9 y el 24 de octubre del pasado año.
El Ejecutivo tuvo que adoptar este protocolo, a través primero de decretos leyes y después con el refrendo del Parlamento, para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y para contener la propagación de los contagios causada por el virus. De hecho, desde que el SARS-CoV-2 llegó a España, más de 3,5 millones de personas han resultado infectadas por este patógeno y han fallecido oficialmente más de 78.000 personas según el Ministerio de Sanidad, aunque algunos organismos elevan ese dato a más de 100.000.
Estas devastadoras cifras también se han trasladado a la economía, donde el hundimiento del PIB ha sido certificado por la OCDE como el peor de la Eurozona, con una caída del 11 por ciento y una destrucción de 765.742 empleos; casi 800.000 trabajadores en ERTE y unos 500.000 autónomos cobrando algún tipo de ayuda.
Un tiempo insólito
El sábado 14 de marzo de 2020, los españoles emprendían un camino incierto. Un Real Decreto de alarma aprobado por el Gobierno ordenaba el cierre de todas las actividades no esenciales, el confinamiento domiciliario y el teletrabajo para todo el que pudiera llevarlo a cabo. Entre el miedo y la incertidumbre, los ciudadanos vaciaron los supermercados dejando como anécdota para la historia la desaparición del papel higiénico o de la harina. Nadie sabía en ese momento, ni probablemente el Ejecutivo, cuánto iba a durar esa situación sobrevenida.
Pues bien, desde ese primer Real Decreto del 14 de marzo de 2020, los españoles han vivido casi 10 meses bajo estado de alarma. Al primero, le siguieron seis prórrogas, una cada 15 días: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. Y cada una de ellas salió adelante en el Congreso con menor apoyo que la anterior. El 21 de junio finalizaba la última prolongación, pero unos días antes, el presidente del Gobierno afirmaba que se había vencido al virus. Una declaración triunfalista que pronto se vio desmentida por la propia realidad con la que han tenido que lidiar las regiones en primera persona.
Sin embargo, la controversia entre las medidas que adoptaban las autonomías y los recursos que comenzaron a llegar a los tribunales obligaron de nuevo al Ejecutivo a utilizar esa herramienta constitucional, para dar cobertura a las regiones. El 9 de octubre lo hizo para Madrid y el 25 de ese mismo mes para todo el territorio nacional. La alarma se prorrogó el 3 de noviembre en el Parlamento por una duración de seis meses, hasta el 9 de mayo de este año, es decir, hoy.
A pesar de los llamamientos de distintos gobiernos autonómicos para que Moncloa prorrogase el último estado de alarma, Sánchez se aferra al buen ritmo de la campaña de vacunación y a la situación de excepcionalidad de esta medida restrictiva para no ampliar una circunstancia que «no debe permanecer en el tiempo», tal y como justificó hace unos días la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien añadió que las comunidades tienen los recursos suficientes para parar al virus. Las próximas semanas serán decisivas para saber si esa decisión es acertada.