La montaña volvió a parir un ratón, algo previsible desde que el presidente del Gobierno anunció en una declaración institucional, para lo que habría bastado un tuit –ahí llevaba razón Pablo Casado-, la convocatoria de una nueva reunión de presidentes autonómicos para celebrarla con la decisión tomada de volver a hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos y no avanzar en las limitaciones que proponían algunos de ellos para tratar de frenar la nueva oleada del virus.  

La reunión acabó con la decepción de quienes pedían que se adoptaran medidas restrictivas comunes, en lo que coincidieron gobernantes de distinto signo político, porque se repitió el debate entre quienes consideran que les faltan instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia, y el Gobierno que mantiene que tienen suficientes con las normas actuales. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de avalar las duras restricciones propuestas por la Generalitat es tanto un signo en esa dirección, como una muestra de que algunos jueces se manchan la toga con el polvo del camino al hacer prevalecer el derecho a la salud por encima de otros, dada la situación sanitaria.  

La opinión de los científicos que tantas veces ha sido utilizada para adoptar decisiones contra el coronavirus, en esta ocasión ha sido despreciada, aunque la mayor parte de ellos apuesta por la limitación de aforos en la hostelería, la prohibición de eventos masivos y las limitaciones de las reuniones privadas. Ni tan siquiera se realizaron esas propuestas como recomendaciones, cuando comienzan a hacer agua las prevenciones imprescindibles para evitar los contagios, desde la responsabilidad personal que a veces se abandona, como consecuencia del cansancio pandémico, a la insolidaridad de antivacunas y negacionistas; desde los comportamientos incívicos debidos a diferentes causas a la ralentización del proceso de vacunación con la tercera dosis; o a la falta de test de antígenos, que aunque produzcan una falsa sensación de seguridad no dejan de ser un instrumento más para combatir el virus.  

Sin embargo, en las intervenciones de la mayor parte de los presidentes autonómicos subyacía el criterio de no volver a las restricciones de las olas anteriores y muy pocos de ellos aludieron a que haya diecisiete formas distintas de celebrar la Navidad. Cada uno de ellos tendrá que adoptar las medidas que considere adecuadas a la situación de su comunidad autónoma y tampoco los ciudadanos se ven concernidos por lo que ocurra en otras regiones más allá del debate sobre la igualdad en situaciones completamente diferentes.  

Si en el aspecto normativo había discrepancias entre lo que se puede o no se puede hacer -con el mensaje libérrimo de no perjudicar la actividad económica de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, en lo que sí coincidieron todos los presidentes autonómicos fue en la petición de un nuevo 'fondo covid' que permita afrontar los gastos derivados de la pandemia, que en buena media son ya estructurales. Si Pedro Sánchez dijo que no habría problema en ese sentido, desperdició una gran oportunidad para qué en lugar de desconcierto y malestar por la falta de decisiones comunes, los presidentes salieran del encuentro con medios para aliviar las tensiones en los servicios públicos.