Asaja Ávila ha denunciado que el lobo está «arruinado» a los ganaderos de Ávila «con el beneplácito de las administraciones». En un comunicado, desde esta organización afirman que mientras la atención ha estado dirigida todo este tiempo hacia la crisis sanitaria del coronavirus, «el lobo ha campado y campa a sus anchas por tierras abulenses». Así precisan que en la última semana han tenido constancia de nuevos ataques al ganado: un becerro muerto en el término de Sotalvo, otro en Hoyos del Espino y tres terneros más en Hoyos del Collado.  

«Mientras las administraciones miran hacia otro lado, el lobo cría y campa a sus anchas por la provincia de Ávila, matando el ganado y acabando con las ilusiones y prácticamente la única actividad económica en muchas zonas de la provincia», afirman desde Asaja, y recalcan que «las administraciones y los responsables políticos con su inacción vienen dejando sin lugar a confusión que prefieren tener lobos a que haya ganaderos, lo hechos así lo ponen de manifiesto». 

Asu vez, insisten en que «ni se controla la población de lobos, ni se pagan las pérdidas reales, ni lo poco que se abona se hace con prontitud, ni aún se han actualizado los baremos de indemnización tal y como se comprometió la administración regional con Asaja y resto de opas hace ya cerca de un año».

Además, critican que «la Junta de Castilla y León se opone por sistema en vía administrativa a las reclamaciones de daño patrimonial que los ganaderos les formula reclamando que se les abonen todos los perjuicios económicos que el lobo causa en sus explotaciones, forzando a los perjudicados a recurrir a la vía judicial para que la administración les pague los daños una vez que se ve obligada por la justicia», y se preguntan desd e Asaja «¿por qué actúa así la administración?.

Finalmente, Asaja urge a los responsables políticos «a solucionar el problema y controlar la población de lobos en la provincia de Ávila, que se abonen las compensaciones económicas adeudadas a los ganaderos, publicar la actualización de los baremos de indemnización acordada con las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, y a que no obliguen a los ganaderos a recurrir a la vía judicial aceptando en vía administrativa las justas reclamaciones de daño patrimonial que los perjudicados plantean. Yse pregunta qué hacen los procuradores abulenses en las Cortes ante un problema que no deja de crecer.