La acusación particular en el caso del constructor acusado por estafa solicitó este miércoles la búsqueda y captura del mismo ante su incomparecencia, por segunda vez, en la vista en la que este miércoles debería haber sido juzgado.

Se trata de J.A.D.M., quien a finales del año 2017 se comprometió a llevar a cabo unas reformas en una urbanización de la capital abulense. Para ello, solicitó dinero a ocho vecinos, los que ahora están personados como acusación particular. Estos abonaron las cantidades demandadas para la adquisición de materiales que, aunque se compraron, no llegaron a utilizarse en una obra que, finalmente, nunca se llevó a cabo.

El pasado mes de octubre, fecha en la que debería haberse celebrado el juicio, el acusado no se presentó a la vista. Y este miércoles, casi cuatro meses después y en la repetición del juicio, tampoco lo hizo.

Por ese motivo, como decíamos al comienzo de estas líneas, la acusación particular demandó que se adoptaran como medidas cautelares la petición de búsqueda y captura del acusado para que, finalmente, comparezca en la sala.

Para éste, la acusación particular solicita por un delito de estafa continuada una pena de seis años de prisión y doce de multa a razón de diez euros diarios. O, alternativamente y en el caso de condena por delito de apropiación indebida, idéntica pena.

Dada la pena solicitada (mayor de dos años) el juicio de este miércoles no pudo celebrarse sin la presencia del acusado. Y de ahí la petición por parte de la acusación particular de la búsqueda y captura.

«Si compareciera se podría llegar a un tipo de acuerdo», reconoció para Diario de Ávila Raquel Sánchez Estévez, abogada de la acusación, que confirmó que, en principio, mantiene la misma pena que ya pidiera en el escrito de acusación (los seis años antes mencionados).

Por su parte la defensa del acusado, encargada a la abogada delTurno de Oficio Rebeca Sánchez, apuntó cómo su cliente reconoce que la cantidad sí que debería ser devuelta y alegó su buena fe al haber devuelto ya una parte (2.900 euros de los algo más de 8.000 euros a los que asciende la deuda).

«Pedimos la libre absolución», dijo en relación a su defendido, con el que reconoció no haber hablado antes de la vista del miércoles y que, presuponía, no acudió a la vista «por la situación actual» de pandemia y por residir fuera de Ávila.

«Nos oponemos a la búsqueda y captura porque entendemos que hay buena fe y ánimo de reparar el daño», consideró la letrada, que manifestó su deseo de llegar a un acuerdo entre las partes y que sean reparados los perjudicados.

Por su parte, el ministerio fiscal no presentó cargos al considerar que los hechos no son constitutivos de delito.