La portavoz socialista en la comisión de investigación de las eólicas, Patricia Gómez, criticó la labor de los socios Popular y Ciudadanos en este foro parlamentario y aseguró que «no quieren saber de verdad qué pasó» con la denominada ‘trama eólica’, cuya causa está abierta en el Juzgado 4 de Valladolid.
Después de la comparecencia de Georgina de la Lastra, anterior delegada especial de Hacienda en la Comunidad, y de su sustituto, César Pintado, Patricia Gómez valoró que el segundo, dentro de los límites que tenían para responder a las preguntas de los portavoces, haya calificado de «deplorable» si se llegan a confirmar los cargos y delitos que aparecen en la querella.
Gómez acusó al Grupo Popular de estar solo «preocupado de que no se nombre a Mañueco» en la comisión y Ciudadanos de preguntar si hay otros hechos similares en otras comunidades, pero añadió que a los naranjas les va a salir mal porque no existen en autonomías gobernadas por el PSOE.
«Son malos tiempos para el señor Mañueco, hablar del PP es hablar de corrupción», sostuvo la también secretaria general del Grupo Socialista, que se refirió a la declaración del asesor y exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, en la comisión Kitchen, a las de cargos del PP de Salamanca por los pagos de cuotas en las primarias o la imputación de Dolores de Cospedal en el espionaje a Barcenas.
comparecientes. La exdelegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León entre 2013 y enero de 2021, Georgina de la Lastra, aseguró que no hubo «ningún retraso ni paralización» en la presentación de la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del informe del inspector Juan Tocino que apreció indicios de delito fiscal en la autorización de parques eólicos en la Comunidad.
«Queda fuera de toda duda que no hubo ningún retraso ni paralización, el inspector firma el informe el 30 de diciembre de 2014 y yo presentó la denuncia en marzo de 2015 en la Fiscalía Anticorrupción», explicó De la Lastra.
Por su parte, el actual delegado de la Agencia Tributaria, César Pintado, defendió que la tramitación de la denuncia sobre la trama eólica no tuvo «demora o retraso» e incluso sostuvo que fue «objetiva y ágil» al realizarse en poco más de dos meses, cuando el tiempo habitual en la inspección tributaria para el trámite de denuncia de un delito fiscal es de tres meses, según informa Ical.