La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila ha sacado a licitación la contratación del servicio de lavandería del Complejo Hospitalario. Lo hace con un importe que supera los dos millones de euros y un plazo de ejecución de 39 meses, es decir, tres años y tres meses. En realidad, lo que hará este contrato es dar continuidad al tramitado por emergencia para hacerse cargo de este servicio y que tendrá vigencia hasta septiembre. A partir de ese momento se tendrá que hacer cargo esta nueva adjudicación, una vez que finalicen los trámites puesto que lo que ahora está abierto, y así será hasta el 3 de julio, es la presentación de ofertas por las empresas interesadas.

El contrato exacto se define como servicio de lavado, desinfección, planchado, doblado, empaquetado, gestión de la lencería y transporte de ropa.

Esta contratación, primero la de emergencia y ahora la actual, se produjo una vez que comenzaron en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles las obras para la puesta en marcha de la unidad de radioterapia. Situada en la zona de los antiguos archivos del hospital, el espacio necesario precisó también de una parte donde estaba la lavandería, en concreto para un muro de hormigón en la zona donde estará situado el acelerador lineal que dará tratamiento de radioterapia a los pacientes con cáncer.

Esta necesidad llevó a sacar el servicio del hospital, lo que inmediatamente generó críticas por parte de los sindicatos por la privatización del servicio y también por derivar en pérdida de puestos de trabajo.

Las últimas declaraciones respecto a este tema las hizo la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, que negó la privatización del servicio sino que dijo que lo que se hacía era externalizarlo. Respecto al personal que no tiene contratos fijos, afirmó que estaban «por encima de la plantilla» y que cuando finalicen sus contratos «se renovarán si son necesarios o precisos».

En cuanto a las críticas de los sindicatos, UGT ya pidió en su día dimisiones ante la privatización del servicio de lavandería del hospital e incluso anunció que se estaban emprendiendo acciones legales al respecto. Desde el sindicato se mostraron especialmente críticos con esta decisión, que creen que es un «peaje» que tiene que pagar Ávila por la instalación del servicio de radioterapia. Esta acción, insistieron, es «privatizar y despedir», puesto que hay 14 personas que cuando se acaben sus contratos, entre junio y septiembre, no serán renovados.

En el caso de Comisiones Obreras también se insistió en la idea de que desaparecen los puestos de trabajo porque más allá de los fijos hay hasta 14 eventuales que cuando finalicen sus contratos, aunque ahora estén reubicados, no se les renovará. Esto significa también que se van a hacer menos contratos puesto que parte están cubiertos con estas reubicaciones lo que en definitiva supone pérdida de más puestos, aseguraron. Se criticó también la privatización de un servicio que «funcionaba bien» y que además lo había demostrado a lo largo de la pandemia.