El Estatuto de Autonomía de Castilla y León llega a un nuevo aniversario. Ya son 36 años desde aquel febrero de 1983 en que la norma básica vio la luz como la última de una comunidad española. Cuando faltaban apenas tres meses para las primeras elecciones autonómicas, la máxima norma de autogobierno nació cuestionada en su integridad territorial e impugnada en el Tribunal Constitucional. Desde entonces, tres reformas consensuadas entre las fuerzas mayoritarias, PP y PSOE, han aumentado el techo competencial con la asunción de materias tan sensibles para los ciudadanos como la educación, sanidad y servicios sociales.

Doce años después de la última reformas estatutaria, aprobada por el Congreso y el Senado en el último trimestre de 2007, los grupos parlamentarios plantean la necesidad de volver a modificar la norma básica, aunque la falta de consenso ha provocado que esta legislatura que concluye en menos de dos meses no hayan habido avances en su contenido. El Grupo Popular es el menos convencido en abrir en este melón y prefiere avanzar en un desarrollo reglamentario en el que aún existe margen para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses y su participación en la vida política de la Comunidad.

La tercera modificación del Estatuto fue conocida como la reforma de los ciudadanos por la carta de derechos que introdujo -vivienda, salud o renta de ciudadanía, entre otros-, así como la redacción de un plan de convergencia para corregir desequilibrios y las relaciones de Castilla y León con el resto de autonomías, el Gobierno y Europa. Con esa última revisión, la Comunidad pasó a disponer de un Estatuto de «última generación», que culminaba el techo competencial, según reconocían en aquel momento sus redactores.

Más de una década después, todos los grupos aceptaron abordar una nueva reforma de la máxima ley de Gobierno de la Comunidad. Para ello esta legislatura crearon un grupo de trabajo y presentaron propuestas, pero desde mayo de 2016 está parado por la falta de consenso sobre los elementos que se tienen que modificar. Así la cuarta reforma tendrá que esperar a que las elecciones del 26 de mayo defina nuevas mayorías en el Parlamento autonómico y pueda alcanzarse un acuerdo de mínimos que permita explorar nuevo contenido para incorporar al Estatuto.

El blindaje de los derechos sociales, la inclusión de medidas de regeneración democrática y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana centrarán una próxima revisión de la norma básica. Todos los grupos parlamentarios parecen estar de acuerdo en que sobre estos ejes debe pilotar la negociación para alcanzar en un futuro no muy lejano una nueva reforma estatutaria, aunque el alcance de cada uno de ellos es lo que provocan los primeros desacuerdos.

Ninguno de los grupos parlamentarios se opone a que el Estatuto refuerce y blinde los derechos sociales, aunque la discrepancia surge en la necesidad de que vaya unido a un suelo mínimo de ingresos que garantice la financiación de educación, sanidad y servicios sociales, principalmente. El portavoz socialista insiste en que se dedique una cantidad que suponga el 12 por ciento de PIB y también Pablo Fernández (Podemos) insiste en fijar esta suficiencia económica que permita en cualquier circunstancia económica prestar los servicios públicos esenciales a los ciudadanos.

La regeneración democrática es otro aspecto que concita la unanimidad, auunque su abordaje fragmenta este consenso. El Grupo Popular considera que muchas de as medidas reclamadas (limitación de mandatos, incompatibilidades, código ético...) ya se han incorporado a través de diversas leyes. El resto de los grupos consideran que aún existe un amplio margen de mejora y que todo ello debe incorporarse al Estatuto. La eliminación de los aforamientos y una reforma profunda de la ley electoral serán los principales caballos de batalla, en los que pondrán especial énfasis los partidos políticos menos representados.

El resultado de las urnas el 26 de mayo definirá en gran parte el rumbo que tomará una próxima reforma estatutaria. Lo que todos los portavoces parlamentarios tienen claro es que para ello se requerirá el máximo consenso y, esta vez, no bastará únicamente con un acuerdo entre PP y PSOE.