El Partido Popular de La Adrada considera «inaceptable» la decisión del alcalde y del equipo de gobierno de suprimir sólo el 2,9% de la tarifa del suministro de agua del municipio, el porcentaje correspondiente al abastecimiento de la piscina municipal.
Una decisión tomada en el Pleno extraordinario del pasado 19 de noviembre, que «es una maniobra que perjudica a los vecinos y que se salta a la torera la resolución del Procurador del Común de Castilla y León, que deja bien claro que el acuerdo tomado el 31 de enero es nulo de pleno derecho e insta al Ayuntamiento a que se proceda a aprobar, a la mayor brevedad, una nueva ordenanza adecuada a la normativa aplicable que venga a sustituir a la actual norma», argumenta la portavoz del PP, Pilar Martínez. Los populares adradenses votaron por anular la totalidad de la ordenanza reguladora de la tarifa del suministro de agua.
Martínez recalca que el dictamen «es muy claro, y no deja lugar a dudas de que el acuerdo adoptado es nulo de pleno derecho y se debe de tramitar un nuevo expediente». Recuerda además que «esta ordenanza municipal nunca debería haberse aprobado sin el informe favorable de la Comisión Especial del Precios de la Junta de Castilla y León, documento que el Ayuntamiento no pidió antes de la aprobación de las nuevas tarifas del agua el pasado 31 de enero».
Para los populares de La Adrada, todo este «despropósito» tiene que ver también con que, pese a que en el Pleno extraordinario del 15 de junio, convocado a petición del Partido Popular, se acordó pedir dicho informe a la Comisión Especial de Precios, «este no fue solicitado por el alcalde hasta octubre y, a fecha de hoy, aún no ha sido emitido el informe preceptivo que dictará dicha Comisión, por lo que no se puede hacer efectiva ningún tipo de subida». Por lo tanto, a su juicio, «es ilegal haber pasado al cobro un trimestre con un incremento de las tasas no aprobado por este organismo, así que el acuerdo debe ser anulado en su totalidad».
Pilar Martínez señala a PSOE y a USIA como «únicos responsables de este desaguisado, cuya única forma de resolverse es mediante la anulación completa de la ordenanza y su nueva tramitación, siguiendo todos los procedimientos legales y basándose en el informe preceptivo de la Comisión Especial de Precios». También apunta que es «cuanto menos llamativo que el alcalde haya suprimido de forma irregular tan solo una parte del incremento de las nuevas tarifas, bordeando de nuevo la ley y defendiendo los intereses de la empresa suministradora por delante de los intereses de los vecinos» y advierte que «el PP seguirá trabajando para que sean anulados los acuerdos y se elabore una nueva ordenanza».