El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León defiende que es conveniente acordar unos “márgenes comunes” en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a todas las autonomías siempre garantizando el principio de autonomía financiera de los diferentes territorios. En la actualidad, recuerda el órgano consultivo, "coexisten comunidades en las que el impuesto está prácticamente suprimido junto a otras en las que el mismo hecho imponible es gravado en mayor medida”, señala en su informe previo al anteproyecto de ley de la Junta para suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre familiares directos.

Las conclusiones del documento inciden en que “es necesario llegar a pactos de armonización fiscal entre comunidades para evitar acciones discriminatorias entre autonomías en materia impositiva que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema”. Asevera que esas medidas de discriminación fiscal deben extenderse a todo el ámbito de la UE.

El informe previo del CES reitera que Castilla y León dispone de capacidad fiscal propia, que permitiría conseguir mayores ingresos para llevar a cabo políticas económicas y sociales y a la vez hacer del sistema fiscal un modelo que contribuya al principio democrático de redistribución de rentas.

El informe recibió un voto particular del Grupo Sindical, con CCOO y UGT, apoyado también por UCE y Aemta, en el que exige que este tributo no pierda más capacidad recaudatoria y denuncia que solo se beneficia con sus bonificaciones a unos pocos ciudadanos ricos.

Los sindicatos exigen una reforma tributaria “completa” que acerque a la autonomía a la media de la UE en materia de ingresos fiscales sobre PIB. El objetivo, afirman es “hacer de la fiscalidad un instrumento útil para la distribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad, y para revertir definitivamente los recortes de la última década en sanidad, educación, servicios sociales e inversión pública”.

Este voto indica que el principal problema estructural al que se enfrenta la autonomía es “el bajo nivel de ingresos públicos” y recalca las “especiales necesidades” de gasto de la Comunidad, para la prestación de las políticas y los servicios públicos en su territorio, como consecuencia del envejecimiento y la dispersión, agravados en los últimos años por la crisis.

CCOO y UGT reclaman un sistema fiscal justo en el que los contribuyentes aporten en función de su capacidad económica y denuncian que en la Comunidad “existe un importante sesgo hacia la imposición indirecta que se ha ido agudizando en los últimos años”.

En este sentido, abogan por una imposición directa y progresiva como fundamental y consideran que deben ser un apoyo esencial en la estructura de los ingresos públicos y por tanto defienden que “figuras impositivas como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones” ya está ampliamente bonificado y “no debería perder más capacidad recaudatoria”. Una petición en un momento en el que “hay una insuficiencia de recursos públicos para poder asegurar el correcto funcionamiento de todos los servicios”.

Asimismo, constata que las bonificaciones benefician exclusivamente a unos pocos ciudadanos, los de niveles de riqueza más elevados, lo que “tiene efectos no deseables sobre la capacidad redistributiva” del sistema fiscal.

Por último, asumen que la mayoría de los problemas que se producen actualmente en este tributo derivan de la “competencia a la baja” en el que han incurrido algunas autonomías, aumentando “drásticamente” el mínimo exento, las bonificaciones y las deducciones que “sólo han conseguido una reducción recaudatoria, deteriorando así sus ingresos y beneficiando sólo a las rentas más altas”.