El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Castilla y León reivindicó ayer el acceso a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como elemento fundamental para impulsar la vida independiente. De ahí que considerara necesario la puesta en marcha de una ley general de Garantía del Derecho Social a la Vivienda y el incremento del parque público de vivienda, con una inversión de un mínimo del dos por ciento del producto interior bruto. Con motivo del Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebró ayer en las Cortes de Castilla y León, el presidente autonómico de Cermi, Juan Pérez, subrayó que el derecho a una vivienda es para todas las personas, pero también para las que requieren de más necesidades de apoyo para que puedan vivir en su domicilio con el soporte y las ayudas que precisen, lo que les facilitaría la inclusión y les permitiría participar de su comunidad.

En presencia del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y la consejera de Familia, Isabel Blanco, representante del Cermi recordó que unas 270.000 personas con discapacidad, lo que supone el 16% del total del colectivo, viven institucionalizadas y otros 100.000 individuos del colectivo están «presas» en sus casas por falta de accesibilidad en sus inmuebles. De ahí que reclamara que el tema de la vivienda sea abordado a nivel legislativo y por las administraciones a través de las políticas públicas.

En la línea del manifiesto publicado por el Cermi, reivindicó la accesibilidad universal para evitar la discriminación. En este sentido, apostó por una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarias cuando sean solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años; la inclusión de información sobre la accesibilidad del edificio en el Registro de la Propiedad, la creación de fondos públicos para rehabilitación de edificios o para programas de accesibilidad universal y la creación de una oferta «viva» y «transparente» de viviendas accesibles.

Con respecto a la asequibilidad, el documento insta a las instituciones a combatir la exclusión económica de las personas con discapacidad, habitualmente con recursos más reducidos que el resto de la población, y a ser consideradas grupo prioritaria en los apoyos y ayudas públicas. Por último, se reivindicó una vivienda inclusiva por que las personas con discapacidad necesitan nuevas formas de convivencia que permitan la vida independiente en comunidad.  

El presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, apostó por que el papel de las Cortes siga siendo «decisivo» con el objetivo de lograr una sociedad más justa y libre de barreras (físicas y sensitivas), de la mano de las organizaciones del tercer sector. En este sentido, recordó que la Cámara impulsará políticas públicas y legislaciones adaptadas a las necesidades del colectivo de la discapacidad. Por último, la consejera de Familia aseguró que, afortunadamente, se ha avanzado mucho en el reconocimiento y la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad pero «aún» queda camino.