La satisfacción que mostró la pasada semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras cerrar un acuerdo que definió como «histórico» con los agentes sociales para dar luz verde a la reforma laboral que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, no es compartida por sus socios de Gobierno. PNV, ERC y Bildu no ocultan sus discrepancias ante el hecho de que la derogación de la norma del 2012 haya quedado diluida y el texto no sea tan ambicioso como se pretendía en un principio, por lo que han amenazado con modificarla en el Congreso si no se recogen antes sus exigencias.
La debilidad parlamentaria del grupo socialista y su dependencia de los nacionalistas e independentistas comprometen el pacto sellado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que trata de calmar las aguas señalando que es lo que ahora necesita España para no perder los fondos europeos de recuperación.
La reforma, que entrará en vigor en unos días aunque se decida tramitar como proyecto de ley, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como es la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España.
Así, la norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que solo podrán hacerse dos modalidades temporales: el estructural y el formativo.
Las partes acordaron reducir a 18 meses en un período de dos años el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido.
Además, se penalizará a las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales.
El decreto modificará la reforma laboral de 2012 para recuperar el equilibrio en la negociación colectiva, reinstaurando la ultraactividad plena, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo.
El convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el de empresa y se potenciarán, además, ERTE.
Advertencia
Mientras, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, prevé un «gran apoyo parlamentario» a la reforma laboral porque es «muy ambiciosa» y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, espera que no se toque en el Congreso un acuerdo que «puede generar mucha paz social», el PP advirtió a la patronal que «acordar por acordar no siempre es bueno» y pidió que se tramite como proyecto de ley y no como real decreto porque, según, señaló «podría ser inconstitucional».
En esta línea se pronunció también la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, que rechazó la reforma por considerarla que está hecha «de cara a la galería», o el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que defendió la norma aprobada en 2012 y avisó que la rigidez expulsa a trabajadores del mercado. Además, el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, destacó que «no hay derogación» posible y expresó su preocupación por las consecuencias que puede tener en el sector de la automoción.
Finalmente, Ciudadanos sostuvo que ve cosas que le gustan en la nueva reforma laboral, pero teme que tanto ERC, PNV como Bildu las cambien en el Congreso.