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El Procurador del Común emitió una resolución, dirigida a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla yLeón pero teniendo a la de Sanidad como entidad directiva, para que «por parte del órgano competente se proceda a elaborar un estudio adecuado y profundo sobre las necesidades del transporte sanitario en Castilla y León, con especial referencia a la provincia de Ávila, a fin de garantizar adecuadamente la prestación del mismo».

Esta resolución llega después de que, según consta en el documento, se dirijan por segunda vez a la Junta tras un primer expediente de oficio. En él, se indicaba la presunta existencia de «graves problemas «en el transporte sanitario de la provincia de Ávila derivada de diversos orígenes. «Así, por un lado, parece que concurren problemas en la cobertura de zonas como el Valle del Tiétar y San Pedro del Arroyo. Por otro, tuvimos conocimiento de que concurren problemas laborales en el personal que realiza el servicio. Además, se ha denunciado el mal estado de los vehículos (en perjuicio no solo de los pacientes sino de los propios trabajadores). En definitiva, parece que podrían estarse vulnerando tanto los derechos de los usuarios del servicio como de los propios trabajadores», señalaba.

Tras la oportuna investigación, el Procurador del Común se dirigió a la Junta de Castilla y León, quien a su vez remitió un informe explicando cómo funcionaba el transporte sanitario. En esta información, entre otras cosas, se manifestaba que el transporte sanitario urgente está gestionado por la Gerencia de Emergencias Sanitarias y el transporte sanitario no urgente, por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, con su correspondiente material y personal. Ahí se incluyen, por ejemplo, catorce de los vehículos no urgentes que están en proceso de renovación, señalaba el informe.

Se añade además, que la empresa adjudicataria se hace cargo del personal empleado en el servicio que es ajeno a Sacyl y que «tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador y deberá cumplir las obligaciones vigentes en materia laboral, de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales, así como tributarias referidas al personal a su cargo, de tal modo que en ningún caso puedan derivarse para dichos trabajadores derecho alguno frente a Sacyl».

Por ello indicaban que «respecto a los problemas laborales derivados de los trabajadores del servicio de transporte sanitario y las quejas o reclamaciones presentadas por tal cuestión, al tratarse de personal de la empresa, todas las cuestiones laborales deberán ser tratadas directamente entre la empresa y los trabajadores».

Con esa información, el Procurador del Común indica ahora, sin embargo, que pudieron comprobar la existencia de algunas de las deficiencias y hace referencia a que «114 reclamaciones» son un muy número alto, concluyendo en que era necesario «llevar a cabo una fiscalización adecuada de la forma en la que se estaba llevando a cabo la prestación del servicio de transporte sanitario, adoptando las medidas oportunas para mejorarlo».

Además, creen que «si bien las reclamaciones o quejas formuladas en relación con los problemas laborales del personal de las empresas son efectivamente competencia de las mismas, no puede obviarse los posibles efectos que las cuestiones laborales pueden tener sobre la correcta prestación del servicio».

Citando diferentes legislaciones y resoluciones, señala el Procurador del Común que «no solo existen problemas (y muchos) en el medio rural, sino que las prestaciones sanitarias no son iguales en todas las provincias según cuenten o no con centros de referencia. Y la situación empeora en el caso de pacientes aquejados de enfermedades graves o de avanzada edad. Por ello un adecuado diseño y control del servicio de transporte sanitario palia notablemente estas diferencias de acceso por razón del lugar de residencia».

Considera, con todo ello, que existe un «claro deber» de la administración sanitaria en orden a la implantación de medidas que garanticen el «derecho a la protección integral de la salud» y «el respeto a la dignidad de los usuarios del sistema público de salud, a cuyo efecto la Consejería de Sanidad debe asumir su papel de responsable de la gestión del servicio público de transporte sanitario, para lo que ha de controlar posibles incidencias que puedan surgir (tales como retrasos, alteraciones de itinerarios, confortabilidad de los vehículos, etc.), que pueden afectar a pacientes, en muchos casos dependientes, menores o personas de la tercera edad».