El nuevo director del Área Funcional de la Alta Inspección de Educación en Castilla y León, Santiago Esteban Frades, reconoció hoy que le preocupa la polémica suscitada sobre la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, ya que “parece que históricamente” ha existido “cierta disfunción en este tema”, donde el 70 por ciento de la elaboración de la prueba recae en el Ministerio del ramo, y el 30 por ciento restante, en las comunidades autónomas. “La legislación básica es muy exhaustiva y regula los estándares de educación evaluables”, precisó en declaraciones recogidas por Ical, para explicar que en las autonomías “está la clave para que hagan unas pruebas racionales al alumnado”.
Así se pronunció Frades en su presentación en sociedad por parte de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones, quien defendió que quiere mantener una “Delegación del Gobierno abierta a los responsables de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general”, porque la educación es un “derecho básico de las personas en un Estado democrático”. Lo dijo minutos antes de mantener un encuentro con representantes de este colectivo para conocer al nuevo director del Área Funcional de la Alta Inspección de Educación en Castilla y León, una persona con acreditada experiencia, para abrir esa participación y avanzar en un esfuerzo compartido.
Barcones explicó que las funciones de la Alta Inspección pasan por garantizar el cumplimiento de las normas educativas estatales, así como observar los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrolla la Constitución, una tarea por la que velará. En este sentido, dijo que no se puede contar con otro mejor perfil que el de Frades, cuyo currículo ha estado siempre ligado a la educación. Además de inspector de Educación, ha sido director de un centro; pertenece al cuerpo de Profesores de Educación Secundaria, en la especialidad de Orientación, al tiempo que es doctor y profesor asociado en la Facultad de Educación y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid. Ha sido presidente nacional de la Asociación de Inspectores de Educación, así como el responsable de la puesta en marcha del Consejo Escolar de Castilla y León.
Pese a tratarse de un órgano muy poco conocido, Frades destacó el valor de éste para velar por el cumplimiento de las normas educativas en la Comunidad. Aunque reconoció que en Castilla y León desde que se creó el órgano, en el año 2000, no ha habido grandes “disfunciones” y existe una “muy buena colaboración y coordinación" con la Junta, explicó que en otros territorios la Inspección ha tenido que actuar en la revisión de los textos escolares sobre historia. Además, incidió en que cree “en la participación” de la comunidad escolar, algo en lo que quiere trabajar, y en continuar con la agilización de otra de las labores que tiene encomendadas, como es la convalidación de títulos.
También, recordó que hay programas institucionales del Ejecutivo que afectan a los centros docentes, como el Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos; el Plan de Gobierno Abierto, para educar al alumnado en el desarrollo de los valores de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, así como el Plan Ciberexpert@, creado por el Cuerpo Nacional de Policía, con el apoyo de Telefónica y la Fundación Cibervoluntarios, que se presentará mañana jueves.
En el encuentro estuvieron presentes responsables de los sindicatos educativos más representativos, asociaciones de padres y madres, de alumnos, así como persona de la Administración local; miembros del Consejo Escolar; centrales sindicales, organizaciones empresariales, titulares de centros privados, del Consejo Universitario y del Consejo de la Juventud.
La cita sirvió para abordar las políticas educativas que desarrolla el Gobierno central, y entre ellas se abordó el Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, así como el Proyecto de Ley de educación, que modifica la LOE de 2006 y deroga la LOMCE de 2013, explicó Barcones.