Las entidades locales tendrán un fondo extraordinario

SPC
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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sostiene que la cuantía del plan todavía no está cerrada y agradece el trabajo de ayuntamientos y diputaciones en la crisis

Fernández Mañueco (d) preside la Conferencia de Alcaldes, acompañado por el vicepresidente, Francisco Igea (a su derecha) y el consejero Ángel Ibáñez, entre otros. - Foto: Ical

Los ayuntamientos y diputaciones provinciales de Castilla y León contarán con un fondo económico adicional y extraordinario destinado a cubrir los gastos derivados de la emergencia sanitaria, social y económica derivada de la covid-19. Un ayuda que habilitará la Junta para sostener las cuentas de las entidades locales, seriamente dañadas por la brusca caída de la recaudación. Sin embargo, el Ejecutivo atuonómico todavía trabaja en su concreción y será en los próximos días cuando se puedan cerrar sus detalles y su formato.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comunicó ayer a las entidades locales que su Gobierno trabaja en esa iniciativa durante la celebración de la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación de la Comunidad, que reunió al jefe del Ejecutivo autonómico y a los responsables de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y corporaciones provinciales.
Un encuentro sobre el que informó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y en la que participaron también el vicepresidente, Francisco Igea, y los titulares de Familia y Sanidad, y en la que solo se ausentó el alcalde Ponferrada, Olegario Ramón, por pleno en su consistorio, informa Ical.
Ibáñez manifestó que la dotación de ese nuevo fondo para el mundo local no está determinada porque se deberán evaluar las necesidades reales de cada municipio y coordinar con las medidas que deriven del pacto por la reconstrucción de la Comunidad, cuya bases han acordado el presidente de la Junta y el líder socialista y el mañana se tratará en una reunión con los grupos de las Cortes.
El presidente de la Junta agradeció el trabajo de los representantes municipales y provinciales y destacó la colaboración permanente entre el Gobierno de la Comunidad y las entidades locales, donde se refirió a las 500 reuniones de coordinación en las nueve provincias y las 20 comunicaciones de información. Por otro lado, Fernández Mañueco expresó el respaldo de la Junta a la demanda de las entidades locales al Gobierno para la habilitación de un fondo extraordinario, para que se flexibilice la regla de gasto y para que puedan utilizar sus remanentes y superávit en el gasto generado por la pandemia.
Anticipos

En el encuentro se informó también de que la Junta ha movilizado 87 millones a las entidades locales, de los que se han ingresado 46 para facilitar su liquidez. Según Ibáñez, el esfuerzo que se realiza con el mundo rural en la Comunidad es superior al de otras autonomías en el mismo ámbito. Igualmente, se precisó que habrá anticipos, del 50%, en los once millones que recibirán las provincias y municipios de más de 20.000 habitantes, para fomentar la contratación de personal. Asimismo, se continuará con el calendario de pagos del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que se mejoró este año.
Así, en marzo se ha pagado el primer anticipo del 26 por ciento (29,2 millones de euros), y el objetivo es pagar en mayo otro 25 por ciento de anticipo, y en julio, en cuanto se compruebe que la justificación es correcta, la liquidación del anterior acuerdo marco, cuya justificación se ha presentado en febrero.
Aplauso de la FRMP

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, destacó la sensibilidad de la Junta con la creación de un fondo extraordinario para las entidades locales, y reclamó al Gobierno el mismo compromiso con los ayuntamientos y diputaciones. Por otra parte, Armisén valoró el acuerdo para la búsqueda conjunta de soluciones al problema de la cobertura de los puestos reservados a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, «una situación que deriva de la escasez de ofertas de empleo público procedente de la Administración del Estado y que supone un problema en la gestión y funcionamiento ordinario de la administración local con especial incidencia en el medio rural».