Algo más de 400 coches, en torno a los 440, salieron en caravana desde el aparcamiento de la plaza de toros para decir desde Ávila un claro «no» a la reforma educativa de la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá. Promovido por la plataforma Más Plurales, secundado por los 10 colegios concertados de la provincia de Ávila y respaldados además por los partidos de PPy VOX así como por numerosas familias y vecinos a título particular iniciaron un recorrido de dos horas, previa lectura de un manifiesto en el que mostraron su rechazo también a la falta de consenso de esta reforma educativa. No se trata sólo de ausencia de acuerdo si no también de que desde el Gobierno no han tenido a bien y así lo entendían los manifestantes «escuchar a los padres, a los profesores, a los alumnos...» y en definitiva «a los que saben de ello». Además consideran que la propuesta de Ley se ha gestado en tiempo récord y coincidiendo con el estado de emergencia .
Tras la aprobación inicial de la ley, a finales de noviembre había convocada una concentración en Ávila de esta ‘marea naranja’, pero la previsible gran respuesta obligó a la suspensión, sin embargo ayer sí se echaron a la calle. E n coche para mantener la distancia de seguridad, pero sobre todo salieron para dejarse ver y hacerse escuchar en su más rotunda oposición a la ley. Recordaba el representante de Escuelas Diocesanas, Gustavo Adolfo Rodríguez Obregón, que prácticamente uno de cuatro alumnos y uno de cada cuatro profesores en España está en la educación concertada que, en parte, es lo que defienden, pero no sólo eso porque se trata sobre todo de tener libertad de elección, ésa que tienen claro que viene a cohartarles esta ley pues con su aplicación se les impedirá algo tan elemental como «poder elegir centro educativo». Todo ello lo defendían a bordo de cada coche una media de entre tres o cuatro personas, por lo que el respaldo contra la ley Celaá se cifró en unos1.500 a sistentes.
El acto de este domingo se repetía en cada provincia de España y llevaba aparejado un manifiesto con el que «ponemos voz a los alumnos, a los centros educativos, a los trabajadores, docentes y profesionales que trabajan cada día por el futuro de sus alumnos», también a las familias de Ávila que «confían en la educación de esta provincia y a aquellos que desean elegir libremente el centro que quieren para educar a sus hijos y a los ciudadanos que defienden la libertad y pluralidad en la sociedad y en el sistema educativo». Querían dejar clara la defensa de todo ello ante lo que tildan de «acoso y recortes de libertades».
La protesta se quedaba resonando en las calles de Ávila cuatro días antes de la jornada de la aprobación definitiva de la Ley Celaá el 23 de diciembre. Entonces llegará una ley que, para quienes respaldaron la convocatoria, «no garantiza los derechos fundamentales de la libertad, de la libre elección de centro educativo y que pone en riesgo el derecho fundamental a que nuestros alumnos se eduquen en un sstema plural en el que todos tengamos cabida».
Junto al manifiesto se leyó otro documento más en el quedejaban claro que no toleran límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza; que defienden la «complementariedad de las redes pública y concertada» y que no admiten que la ley imponga la distribución del alumnado por encima de las demandas de las familias. Tampoco aceptan lo que consideran un «modelo de inclusión radical que hará desaparecer progresivamente la educación especial» a pesar de que cuenta con la satisfacción de las familias y en cualquier caso exigen entre otras cosas mejoras reales para los profesionales de los centros educativos puesto que la ley abandona a los que trabajan en la concertada y en la especial.
Finalizaron con una denuncia de que se quiere controlar políticamente a la educación en lo que es una agresión a la libertad de conciencia y reclaman además al Estado la obligación de financiar adecuandamente centros públicos y concertados para garantizar la gratuidad de ambos.
Poco antes de que la manifestación echara a rodar el PP de Ávila con el presidente del partido a la cabeza, Carlos García y acompañado del vicesecretario de participación a nivel nacional, Jaime de Olano, dejaban claro su apoyo y comprometían su lucha contra esta ley que «derogaremos más pronto que cuando lleguemos al Gobierno».
El apoyo quedó claro a la plataforma Más Plurales y jornadas atrás lo habían hecho además recogiendo firmas contra la reforma educativa a la que mostraron su «total rechazo», en palabras de Carlos García por ser «sectaria e ideologizada», usada «como moneda de cambio y sin tener en cuenta la calidad educativa de todos y cada uno de los niños». Echaba de menos y criticaba el proceso de aprobación de la ley por la falta de consenso y de negociación y por no escuchar a los que saben. Para el PP el hecho de que elimine al castellano como lengua vehicular también «dice muy poco de la ley porque es lo principal que tiene un Estado». Este texto «discrimina y margina el magnífico trabajo realizado por la educación concertada y que se olvida de la magnífica labor de la especial».
Jaime de Olano, por su parte se comprometió a acudir al Constitucional en el momento en que se publique la ley en el BOE y a defender la educación concertada dentro de sus competencias desde las comunidades en las que gobiernan (Castilla yLeón, Madrid, Galicia, Andalucía o Murcia sin ir más lejos). Al tiempo invitaba al Gobierno de Sánchez e Iglesias a que «no ataquen la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y tampoco la del conjunto de los españoles a ser educados en castellano, ni a la educación concertada, ni a la especial, en definitiva, a la sociedad civil». Que salga a la calle Sánchez y que escuche es lo que pedía Olano. Se trata de defender la educación y la libertad ,en definitiva, concluía el PP.
En el mismo sentido se expresaba la diputada de VOX por Ávila, Georgina Trías, quien recordaba que en el momento en el que la ley llegó al Congreso presentaron enmienda a la totalidad y defendían su apoyo a las convocatorias de Más Plurales siempre porque la «ley va contra la libertad de educación, de enseñanza y contra la libertad de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos». Entiende que la LOMLOE impone una «educación sectaria e ideológica». Trías ahondó en las prisas de la tramitación y en la falta de consenso. Del mismo modo que el PP aseguró que recurrirán al Constitucional en cuanto se publique en el BOE: «Nos van a tener en frente», prometió. «En cuanto podamos la derogaremos porque atenta contra el principio de igualdad, de neutralidad ideológica que impera en el estado español y que atenta contra la educación concertada y contra los centros de educación especial y diderenciada».