Susana, Mónica, Piedad, Monika, Asunción, Dolores, Elena, Carmen, Rita, Eva, María José, Evelyn, Tamira, Alexia, Ada Liz, Verónika... Son algunos nombres de mujeres que perdieron la vida este 2019 a manos de sus parejas o exparejas. La primera se llamaba Rebeca, la última, Yulia. Y masí hasta 55. Unas cifras que no bajan, que dejan a las claras que algo se está haciendo mal. Yes que, desde que se contabilizan las víctimas de violencia machista, allá por 2003, son 1.033 las fallecidas. Lo peor es que en muchos casos se podía haber evitado la tragedia. De hecho, el pasado 14 de junio, Ana Lucía Silva, de 49 años, fue asesinada en Córdoba por su novio, que estaba en libertad condicional por matar a su anterior compañera. Ella tiene el triste honor de ser la víctima número 1.000. 
Para más inri, 2019 no se recordará solo por ser el año en el que se superaron las 1.000 asesinadas por esta lacra sino también porque la ofensiva negacionista de Vox dinamitó el histórico consenso político que había en torno a la necesidad de luchar contra ella.
Y es que la lista es mucho más extensa de 1.033, porque miles de mujeres no constan al cometerse sus asesinatos en una época en la que la violencia sobre ellas estaba normalizada y permanecía oculta. Una de ellas es Ana Orantes. En 1997, tras 40 años de palizas y violaciones, no pudo más y contó su historia en televisión. Trece días después, su marido le pegó, la ató a una silla y la quemó viva delante de uno de sus 11 hijos. 
Fue entonces cuando la sociedad española abrió los ojos y fue consciente de la necesidad de luchar de forma específica contra la violencia machista y se dieron los primeros pasos de una legislación pionera en el mundo. Así, en 1998, se dio luz verde al I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica; en 2004, la Ley Integral contra la violencia de género; en 2007, la Ley de Igualdad, y en 2017, el Pacto de Estado de Violencia de Género, que, dos años después, el 65 por ciento de sus medidas no han podido aplicarse por el bloqueo político.
No obstante, y frente a este parón legislativo, los tribunales han seguido avanzando y han sido varias las sentencias en las que el Supremo incluyó la perspectiva del género. Así, revocó en julio la sentencia de la Audiencia de Navarra, y elevó la pena de La Manada de nueve a 15 años de cárcel por un delito de violación continuada en lugar de abuso sexual.
La inestabilidad política y la interrupción de la actividad parlamentaria han impedido el desarrollo de las reformas legislativas necesarias y la puesta en marcha de la mayoría de las medidas del Pacto de Estado porque muchas de ellas requieren la implicación del Congreso y el Senado. Es el caso de la modificación de normas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma del Código Penal para revisar la reincidencia en la violencia machista e imponer prohibiciones cuando se quebranta la condena o posibilitar que los jóvenes se quiten el apellido del padre maltratador siguen en stand by.
Hay otras medidas que han iniciado su camino pero que no han llegado a término. Como prohibir las visitas de los menores a la cárcel a un padre condenado, suspender el régimen de visitas cuando hayan presenciado o sufrido violencia, suprimir las atenuantes de confesión y reparación del daño en la violencia machista, tipificar mejor los delitos en el ámbito digital o ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia de sobre la mujer.

Sistema VioGén 

Para mejorar la protección de los menores, Interior incluyó este año en VioGén -sistema policial de seguimiento de las víctimas- la identificación del potencial peligro al que están expuestos los hijos de las mujeres que denuncian violencia machista. En dos semanas detectaron 81 casos.
Las cifras no dejan lugar a dudas: estamos ante uno de los problemas más graves y complejos a los que se enfrenta la sociedad española. Pero ni los datos ni los expertos han sido capaces de mantener el histórico consenso político que hasta este año había en la lucha contra la violencia machista y que Vox, que es la tercera fuerza en el Congreso, donde tiene una Vicepresidencia de la Mesa, ha logrado resquebrajar.
Para la vergüenza quedará lo ocurrido el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que las instituciones en las que el partido derechista está presente, incluida la Cámara Baja, fueron incapaces de consensuar un texto de condena de la violencia machista ante la negativa de Vox.
Dos días después, el Ayuntamiento de Madrid reprobó al concejal Javier Ortega Smith por «su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género» demostrada en el acto conmemorativo del 25-N, donde instó a los demás a «romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista» sobre la criminalización que, a su juicio, sufren los hombres. Esto hizo que la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes Al Amal, Nadia Otmani, se enfrentase a él, pidiéndole «respeto para las muertas». «Me importa un bledo» fue su respuesta a la reprobación.

Los episodios más cruentos

Rebeca Santamalia. La abogada de un asesino del que estaba enamorada

Zaragoza enmudeció el 19 de enero de 2019. Rebeca Santamalia, de 47 años, fue hallada muerta en la vivienda de José Salvador Calvo, que estaba en libertad condicional desde 2017 tras haber pasado en la cárcel 14 años por haber matado a su esposa. La mujer había sido su abogada defensora y mantenía una relación sentimental con este hombre de 50, razón por la cual este crimen es considerado violencia de género. La Delegación del Gobierno en Aragón confirmó estos extremos, así como el suicidio de Salvador, que vivía a solo tres minutos del despacho de la finada. Rebeca estaba casada y era madre de un niño de 14 años.

Silvia Hanrick. Solo el hijo menor escapa de la muerte en una cueva  
La Guardia Civil halló el pasado 24 de abril los cuerpos de Silvia Handrick, de 39 años, y el de su hijo mayor, Jakob, de 10, alemanes desaparecidos en el municipio de Adeje (Tenerife). Ambos se encontraban dentro de una gruta, de la que el hijo menor, Jonás, de siete años, escapó y denunció que su padre les estaba agrediendo cuando huyó. Unos excursionistas encontraron al pequeño lleno de tierra y llorando en un sendero en la zona de Taucho, un monte al sur de la isla. Llevaba cinco horas en shock deambulando por el monte. El padre, Thomas Handrick, de 43 años, fue detenido. Su familia había venido desde Alemania a visitarle durante unos días. 

Sandra Boquete. La mujer tiroteada junto   a su madre y hermana 
Fue especialmente trágico el pasado 16 de septiembre en Pontevedra. La Policía detuvo a un hombre tras matar a tiros a su exesposa, Sandra Boquete Jamardo, de 39 años, a su exsuegra, de 58, y a su excuñada, de 27, en la aldea de Carracido, en Cordeiro, una parroquia de Valga (Pontevedra). Tras cometer el crimen, delante de sus hijos, de cuatro y siete años de edad, José Luis Abet, de 41, y vecino de Bertamiráns, en el municipio de Ames (La Coruña), regresó a su domicilio y llamó a la Guardia Civil para confesar los hechos. La pareja estaba divorciada desde enero de 2018. No constaban denuncias previas por maltrato en el hogar.