Igea asegura que el cambio en las ayudas "no tiene retorno"

SPC
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El vicepresidente de la Junta considera "muy adecuado" el calificativo del consejero de Empleo de que han sido "juez y parte" en el proceso

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, participa en un acto homenaje a la Constitución Española. Foto: Ical

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, consideró hoy que los agentes sociales van a estar de acuerdo en que las ayudas de formación a desempleados sean eficaces, se evalúen y prime la libre concurrencia en su concesión y aseguró que el cambio en sus nuevas bases “no tiene retorno”.

Después de una tensa reunión el pasado jueves de sindicatos y patronal con la Junta tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicios de la Administración en el que se pide la revisión de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional por la participación de los agentes sociales, Igea le recomendó leer sus conclusiones, que el Ejecutivo va a cumplir.

“Hay que leerse el informe, es excelente, y dice lo que dice, no creo que el secretario general de CCOO critique la labor de los inspectores”, manifestó el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior después de que Vicente Andrés haya negado la participación en esas bases y calificado de “planteamientos desafortunados y palabras que se han sacado de contexto” lo dicho por Igea.

En tal sentido, manifestó que el Diálogo Social marca unas políticas y dice quién tiene derecho a ellas pero subrayó que corresponde a la Junta su desarrollo y recalcó que “tienen que ser eficaces”, en el sentido de que tengan una evaluación.

Igea defendió las conclusiones del informe, tras las manifestaciones de los sindicatos de que no han participado en su elaboración, y se mostró convencido de que estarán de acuerdo en su evaluación y en el respeto de la libre competencia, que, según dichas conclusiones, se debe respetar.

Por ello, subrayó, en declaraciones previas a su participación en un acto de homenaje a la Constitución en el IES Alejandria de Tordesillas, que a partir de ahora van a primar la medición de resultados, por lo que habrá una oficina de evaluación de las políticas públicas, y la libre competencia.

Respecto de si el proceso seguido hasta ahora es legal o no, prefirió no pronunciarse ni adelantarse en un asunto que está en los tribunales con los que la Junta va a colaborar al “cien por cien” en todo lo que se les pida. “La Junta se pone al lado de los parados que necesitan que las políticas sean lo más objetivas posibles”, indicó.

Finalmente, consideró “muy adecuada” la aseveración del consejero de Empleo, Germán Barrios, de que los agentes sociales “no pueden ser juez y parte” en un proceso en el que después, de manera indirecta, son receptores de las ayudas a los cursos de formación.

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea informó de las conclusiones de la información reservada abierta por la Inspección General de Servicios tras una denuncia de las Asociaciones de Escuelas de Formación, entre ellas se pide a la Junta que revise las bases porque sindicatos y empresarios no deben participar en su elaboración ya que luego concurren a las ayudas, lo que se ha podido perjudicar la libre competencia.

Ese mismo día por la tarde, en el marco de una reunión convocada en la Consejería de Empleo con los agentes sociales, se produjo una tensa situación por la información sobre el informe, cuya participación negaron. Igea indicó esta mañana que el Diálogo Social no peligra, que las relaciones son "excelentes" y confío en que sigan así.

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