Una vez que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció recientemente que se revisará el cuadro de indemnizaciones por los daños de ataques de lobos para ver si es suficiente, es hora de dar la voz a las organizaciones agrarias, las mismas que representan a los ganaderos que sufren los ataques. Y más allá de las diferencias que pueda haber entre unas y otras, lo cierto es que coinciden en la importancia de incluir el lucro cesante y los daños colaterales que deja cada ataque de lobos y situar a Ávila como la provincia castigada por la acción de los cánidos, situación que insisten en que hay que revertir.
Desde UCCL, Jesús Muñoz, cree que revisar las indemnizaciones «está bien», sobre todo teniendo en cuenta la «diferencia muy elevada» que hay entre lo que se paga por la vía administrativa y lo que se está consiguiendo lo que se gana en un juicio. En cifras, y en su boca, esto quiere decir que cuando se paga entre 350 y 400 euros por un ternero en los tribunales se está llegando a 2.000 ó 2.500 euros.
Por ello, lo que piden es que se incluya el lucro cesante, es decir, lo que se deja de ganar al perder al animal, sobre todo teniendo en cuenta que en Ávila muchos de los ataques son a terneros de unos días que en pocos meses valdrían «mucho más dinero» casi sin ningún coste. Precisamente por ello en los juicios se está reconociendo «el lucro cesante y los daños colaterales» y es algo que para ellos hay que incluir. 
No cree además que en Ávila esté habiendo menos ataques de lobos cuando se sigue cerca de los 1.000 por lo que de haber una bajada respecto a otros años sería «insignificante» y no como ha sucedido en otras provincias.
Por su parte, el presidente provincial de Asaja, Joaquín Antonio Pino, señala que «lo primero que hacer por la Junta es controlar la población del lobo porque hay más ejemplares que capacidad tiene el medio». Pero también cree que hay que revisar los baremos para que se paguen «todas las pérdidas» y por tanto ir actualizando, sobre todo también ante las sentencias firmes que se están produciendo recogiendo más pérdidas de las que paga la Junta con todos los daños y el lucro cesante, también comenta en su caso.
Además, insiste en que no se está controlando la situación y critica que se «han abatido pocos ejemplares de lobo» (dentro de los que se permiten como medidas excepcionales de control porque la caza está prohibida al sur del Duero y, por tanto en Ávila). Señala que hay más población de lobo y por tanto  habrá más ataques a los ganaderos «si no se toman medidas» porque actualmente «es un despropósito». Por ello pide un plan especial de control del lobo para Ávila dado que aquí hay más ataques y en otras provincias se han reducido drásticamente. «Es labor de la Junta el control del lobo y no bajarán los ataques si no se toman medidas», concluye.
«Hartos» es la palabra que utiliza Ignacio Senovilla (UPA) para definir cómo se sienten ante los ataques de lobo. Por ello cree que «en el baremo todo lo que se ponga es poco cuando se mata a un ternero porque se paga su valor pero ese ternero en tres o cuatro meses vale el doble». Es por ello que quieren que en el acuerdo de baremo se pague «el daño real, el que se hace a la explotación». Y todo porque son los ganaderos los que están castigados y lo que lleva a algunos a estar desanimados y pensando en irse.
En cuanto al número de ataques, y aunque el consejero señaló que se puede acabar el año con algo de reducción, asegura que «sigue todo igual, va por temporadas de la naturaleza, no por la gestión política». Para ellos cada día hay más y se está produciendo la situación de que los lobos incluso se pasan a Segovia o Madrid, donde también se está llevando el problema.