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Inmigración para frenar el envejecimiento

SPC
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Inmigración para frenar el envejecimiento

Los foráneos que llegaron a Castilla y León en el año 2018 tenían 27 años frente a los casi 48 de la media de edadautonómica, según el último informe sobre flujos de autorizaciones de residencia concedidas por el Ministerio

La despoblación y el envejecimiento campan por Castilla y León y constituyen el problema de mayor magnitud al que se enfrenta la autonomía para ganar su futuro. Muchas han sido las voces que han apelado a aprovechar el fenómeno migratorio para revertir esta situación, siempre de forma ordenada y pegada a las necesidades del territorio.
Y es que, como señala el último informe sobre flujos de autorizaciones de residencia concedidas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, los inmigrantes que llegaron a Castilla y León en 2018, tenían una edad media de 27,7 años, cuando en la Comunidad, según el padrón, ese dato global se sitúa en los 47,6, es decir, casi 20 años menos. Los foráneos que llegan desde la UE tiene una media de 28,3 años, mientras los que proceden de otros países, tienen 27.
«O tenemos más hijos o llega gente de fuera», sentencia a Ical desde la Universidad de Valladolid, el Profesor Titular en Facultad de Educación y Trabajo Social Jesús María Aparicio, autor de varios trabajos sobre el colectivo inmigrante y su adaptación a Castilla y León. Este experto tiene «claro» que la inmigración es una de las soluciones a la despoblación que sufre la Comunidad, donde la inmensa mayoría de sus pueblos tiene menos de 1.000 habitantes y «están en riesgo de quedarse sin niños».
«Estos municipios están abocados a la desaparición absoluta sino se toman medidas», advirtió, para sentenciar que eso depende «única y exclusivamente de la voluntad política». En este sentido, manifestó que es preciso gastar dinero a corto plazo para lograr resultados a medio y a largo, «justo lo contrario de lo que quieren los políticos, que actúan para lograr rentabilidad al corto».
Aparicio comentó que los inmigrantes «no son tontos» y si la gente de muchos pueblos ya no quiere vivir allí porque se ha cerrado el consultorio y la escuela, las tiendas y los comercios, «ellos menos». Advirtió este profesor que es preciso ofrecer un medio de vida y servicios para que se queden, y recalcó que sin población no se podrán pagar las pensiones ni los servicios sociales básicos, porque la recaudación fiscal se reducirá enormemente.
Este docente-investigador reseñó que los pueblos se deshabitan pero también las ciudades por el éxodo mientras que del total de inmigrantes que viven en Valladolid capital, puso como ejemplo, la cuarta parte tiene entre 0 y 19 años, «son el futuro».
En este contexto, planteó un «estudio concienzudo» de las necesidades del ámbito rural para «no dar palos de ciego», para definir los nichos de empleo (agricultura, turismo, medio ambiente, servicios sociales a los mayores….), acompañado de proyectos educativos para la población local y extranjera, para que lleguen a estas zonas las personas que puedan generar más empatía; junto a programas de inserción socio-lingüística para los foráneos. «No tiene sentido traer musulmanes para que trabajen en granjas de cerdos o sirvan vino», ilustró.
Asimismo, abogó por generar «arraigo» en estas personas facilitándoles poder adquirir casas a través de créditos blandos; y ofreciéndoles transporte asequible de forma regular para que sus hijos puedan ir a la escuela y reciban prestaciones sanitarias. «Hay que poner dinero para todo esto, lo demás son cantos de sirena», concluyó.
Permisos de residencia

 El estudio publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración constata que el año pasado se otorgaron en la Comunidad, un total de 14.741 permisos de residencia (6.789 para hombres y 7.952 para mujeres), lo que supone un aumento anual del 3,7 por ciento. Sin embargo, Castilla y León fue la séptima autonomía con menor flujo de autorizaciones, dentro de un país en el que se contabilizaron 607.700, con un avance del 6,1 por ciento. En este sentido, la Comunidad está años luz de la asunción de autonomías como Cataluña, con 141.068 autorizaciones; Madrid, con 117.871; y Andalucía, con 117.871.
La positiva evolución anual no oculta que el tránsito de extranjeros a raíz de los años de crisis se ha desplomado, ya que en 2009 se expidieron en Castilla y León 44.821 autorizaciones; para bajar al año siguiente a 44.282; reducirse en 2011 a 38.497, contraerse de nuevo en 2012 hasta las 32.928, y desplomarse en 2013, hasta las 20.982. El año 2014 también bajaron, con 20.282, y volvieron a una reducción drástica en 2015, la menor cifra de la serie, con 13.818, para iniciar una ligerísima recuperación desde entonces, con 14.057 en 2016; 14.218 en 2017; y 14.741 el año pasado.
Bajando al detalle, el número de autorizaciones para extranjeros del régimen de libre circulación de la UE, ascendió el año pasado a 7.890 en la Comunidad (3.618 para hombres y 4.272 para mujeres), y subieron un 1,2 por ciento, cuando en España se elevaron un 5,9 por ciento, hasta las 275.726. Las autorizaciones a ciudadanos de la UE sumaron 4.815 y a sus familiares, 3.075.