Carriedo reconoce el «alto riesgo» de incumplir el déficit

SPC
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El consejero de Economía y Hacienda descarta, de momento, recurrir a la vía judicial para exigir el pago del IVA correspondiente a diciembre de 2017

Carlos FernándezCarriedo (d), durante su intervención ayer en el foro. Foto: Ical

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconoció ayer que existe un «alto riesgo» de que la Junta de Castilla y León no cumpla este año el objetivo de déficit establecido por el Gobierno en el 0,1 por ciento del PIB, actualmente mantiene unas necesidades de financiación cercanas al 0,7 por ciento, siete veces más que el límite de Hacienda, y achacó esta situación a las deudas que el Estado arrastra con la Comunidad. Fernández Carriedo, que de momento descartó que la Junta siga los pasos de otras comunidades autónomas y recurra a la vía judicial para exigir al Gobierno pago del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, criticó que Estado también está pagando con retraso las entregas a cuenta. «El Estado está transfiriendo deuda a la autonomías», afirmó.
El consejero, que realizó esta declaraciones a la Agencia Ical en Valladolid antes de clausurar la jornada ‘Abriendo la Administración a la Ciudadanía’, explicó que se trata de una situación que afecta al conjunto autonómico y no es exclusiva de Castilla y León, a la vez que recalcó que el único factor del posible incumplimiento del objetivo de déficit son «las circunstancias de este año».
Fin de la minería

El consejero de Economía y Hacienda también criticó que España debería haber gestionado el cierre de la minería al ritmo que otros países europeos. «El Gobierno se ha anticipado en el cierre de las minas y en el cierre de las centrales térmicas, y esta situación puede tener un efecto negativo a la hora de la llegada de fondos europeos, algo que no se puede corregir estableciendo nuevos impuestos», afirmó. En este sentido, indicó que el Gobierno cometió un error a la hora de fijar la transición energética, ya que debería haber establecido un plazo más amplio para el cierre de las minas como hizo el gobierno alemán o el polaco. 
Con relación a las jornadas ‘Abriendo la Administración a la Ciudadanía’, destacó que se trata de un foro muy oportuno en el que ayer se analizó la transparencia de las administraciones públicas y en el que hoy ha sido el turno de la evaluación de las políticas de gasto público. Además, indicó que es necesario que la administración realice un mayor esfuerzo en transparencia, mientras que política presupuestaria hay que establecer mejores indicadores para medir la ejecución presupuestaria y, los efectos del presupuesto en los ciudadanos.
La jornada plantea como objetivos que los empleados públicos son parte activa y esencial de los cambios que la Administración autonómica realiza en la gestión pública, la apertura de la información a las personas y la evaluación de las políticas públicas.

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