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26 de marzo de 2019

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EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Todo el mundo; salvo los que mentalmente estén desequilibrados, sean perversos o con predisposición a delinquir; quiere una convivencia con nuestros semejantes; la inmensa mayoría no elegidos, como son los que componen los equipos de trabajo, la familia, los convecinos, etc.; lo más armoniosa posible, pues ello implica cordialidad, respeto a todos y en todos los órdenes y consideración mutua.
Las leyes; en supuestos de posibles conflictos de intereses entre la ciudadanía, como pueden ser los relativos, entre otros muchísimos, a cuestiones de propiedad, de utilización de bienes públicos como puede ser la utilización de las carreteras, de la aportación monetaria o no monetaria a la Hacienda Pública, etc.; prevén estas posibles situaciones y las regula para que la justicia y la equidad se impongan; y contribuya a que tal armonía sea una realidad. Y es que las leyes persiguen el fomento de los intereses generales, es decir, el bien de todos; por eso todos, sin excepción, estamos obligados a cumplirlas.
Desde el Código Penal que tipifica y castiga conductas antisociales como es el robo, la difamación, el atentar al honor de las personas, las conductas imprudentes y temerarias cuando se utilizan las vías de comunicación, pues en ellas no vamos solos, también circulan otros vehículos con personas y mercancías que pueden verse afectados vitalmente por pérdidas de vidas humanas, o con daños físicos, a veces irreversibles e incapacitantes, o materiales, lo que conlleva, normalmente, perjuicios emocionales a los familiares y amigos, a las Administraciones Públicas, a los bienes del común; causados, la mayoría de las veces, por imprudencias, negligencias, etc., y que no tienen los demás el deber de soportar.
Y que decir de la necesidad de todos de contribuir, mediante el pago de las cuotas tributarias de los diferentes impuestos al sostenimiento de los gastos e inversiones públicas para lograr una sociedad más solidaria, más desarrollada, más justa, etc., pues permitirá realizar transferencia de recursos, ofrecer viviendas sociales, disponer de los adecuados servicios sanitarios, asistenciales, educativos, de obras y servicios, de infraestructuras, etc. que permitan una vida digna y una actividad económica- empresarial que favorezca el fomento del crecimiento y desarrollo de la Nación.
Y es que el ordenamiento jurídico, en un Estado social y democrático de Derecho, como es el español, está fundado en las necesidades reales de la ciudadanía; inspirado por la doctrina más solvente que por sus estudios y conocimientos, en un análisis previo y concienzudo de los técnicos de las diferentes Administraciones Públicas, a veces en una exposición al público del anteproyecto de norma legal para que expertos y quiénes crean tener una opinión que mejore el texto, aportando ideas novedosas, perspectivas no contempladas, etc., amén de los informes que puedan, o deban emitir la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado, etc; como, posteriormente el debate parlamentario, en Comisiones y en votación en Pleno; suelen garantizar, normalmente, la bondad de la disposición legal para satisfacer el bien de todos y, por ello, el carácter imperativo de su observancia, de lo cual tenemos que estar informados y motivados para cumplirla, lo que depende de la conciencia ciudadana que debiéramos tener, si en la familia y la escuela hubieran sido educados quiénes de ella forman parte y pasaron por sus aulas; pues la educación implica respeto a los demás como a las leyes que están para que la sociedad, sus componentes, la habiten pacíficamente para lograr el máximo bienestar de todos.
MARCELINO DE ZAMORA

MARCELINO DE ZAMORA | 23/12/2018
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