Con motivo del sometimiento a aprobación de una modificación del Estatuto del Colegio de Abogados de Avila, se introduce a debate de los abogados el cambio de una denominación que data del año 1849, fecha en que se creó el Colegio.
Saben que vengo sosteniendo que lo que acontezca en los Partidos, Sindicatos, Colegios Profesionales, y demás Entes de carácter público-social no son cuestiones que conciernan única y exclusivamente a los afiliados o miembros que les integran, pues no en vano se tratan de Instituciones de Derecho Público, de ahí que lo que en los mismos acontezca tiene trascendencia pública de interés general.
Es por ello que parece necesario que sea una cuestión de conocimiento público, y no solo colegial.
Vivimos tiempos en los que los Poderes Públicos están empecinados en controlar todo lo que afecte a la vida de los ciudadanos, y no solo la social sino también incluso la personal o familiar. 
No estamos ajenos a ese intento de control los Colegios Profesionales, por más que se nos debería presumir autonomía y libertad, máxime cuando no en vano los que integramos los Colegios, y de forma particular los abogados, tenemos conocimiento técnico-legal de nuestras respectivas materiales, en el caso de los abogados las propias Leyes.
Particularmente, éste Gobierno se ha empeñado en controlar el «mensaje» que ha de llegar a las mentes de los individuos, desde el propio dominio de un lenguaje «políticamente correcto», ese contra el que nadie debe enfrentase, so pena de ser tachado de fascista o retrógrado.
 Y uno de los no menos importantes temas es el relativo al  lenguaje que denominan «inclusivo». 
Si no hubiera una intencionalidad ideológica, lo lógico y natural, es que se buscase un lenguaje «igualitario», no «inclusivo», que nada quiere decir.
En el caso de nuestra profesión, –ya lo adelanto–, si hubiera realmente un problema de igualdad entre los miembros que integramos el Colectivo, de forma que las mujeres abogadas no se sintieran identificadas, o, peor aún, se sintieran menospreciadas o minusvaloradas respecto de los abogados varones por la denominación del Colegio, lo procedente es que los Colegios pasaran a denominarse Colegio de Abogados y Abogadas.
Obviamente, la denominación de Colegio de Abogados se debe a que se utiliza el genérico, porque agiliza y facilita el lenguaje y no porque tan solo haya varones abogados o porque se minusvalore a las mujeres. De forma que al hablar de Colegio de Abogados nos estamos refiriendo tanto a abogados como a abogadas, y así lo entiende todo el mundo.
En los inicios de los Colegios, por desgracia, eran solamente varones los que integraban el colectivo. Tal sucedía en otras muchas profesiones. Desde hace décadas eso está superado, afortunadamente. 
Puede haber abogadas –no tengo por qué discutirlo– que no se sientan cómodas o  rechacen la denominación genérica de Colegio de Abogados. Ahora bien, no era un tema que preocupase sustancialmente hasta que ha venido éste Gobierno. Por el contrario, sí que hay otros temas muy relevantes para la Justicia y los Ciudadanos, que han preocupado y preocupan por igual a los abogados y abogadas, y que siguen sin atenderse, cuando no se van deteriorando cada vez más. (Habrá que seguir hablado de cómo está la Justicia). 
Miren, los Colegios de Abogados –como otros Colegios Profesionales– están integrados por Profesionales a título personal. Nosotros no somos un Colegio de la «Abogacía», sino que somos un Colegio de Abogados. Cuando hablas de tu Colegio, cuando personalizas en el ejercicio de la profesión que con tanta dignidad ejercemos, nunca decimos que somos la Abogacía, sino que somos abogados. Como tal se nos conoce y se nos identifica.
Entiendo por ello, que debemos resistirnos, como profesionales y como personas, a rendir la cerviz ante ningún Poder Político. Invito, además, a que así así sea visto por parte de mis compañeros y compañeras, y también por la Sociedad. 
En tiempos de Franco, los Colegios Profesionales se vieron «obligados» a sancionar a compañeros por razones políticas. En Ávila, así sucedió, por citar, con Don Nicasio Velayos, gran abogado y Ministro que fue de Agricultura en la República. 
Pensábamos muchos que esos tiempos habían pasado, que en Democracia, ningún Gobierno se permitiría «sancionar» o «imponer» una forma de ser o actuar. Y, sin embargo, eso sucede en la actualidad, aun cuando sea de forma sibilina y por ello más humillante.
La denominación como Colegio Profesional de la Abogacía no se corresponde con la naturaleza de un Colectivo que se ha constituido y está integrado por abogados, personas físicas que ejercemos la profesión de abogado. Si los miembros mujeres del Colegio no se sienten cómodas con el genérico, justo es que el Colegio pase a denominarse «Colegio de Abogados y Abogadas», pero no Colegio de la Abogacía de Ávila. Tal posible denominación se debe a la imposición de un mal entendido e incorrecto lenguaje «inclusivo», que nada quiere decir, porque lo que hay que buscar y lograr es la IGUALDAD entre hombres y mujeres. Y, ésta, en lo que afecta a nuestro Colegio, existe sin duda alguna. Ahí están las dos Decanas que últimamente están presidiendo nuestro Colegio, y también otras mujeres miembros de la Junta de Gobierno, desde hace décadas. 
Aquí dejo abierto el debate, sin duda de gran trascendencia. ¿Nos dejamos zarandear, o plantamos cara? Cada victoria de uno es la derrota del otro, y no suele haber marcha atrás.