Anda pero que muy revuelto el patio político tras conocerse las prácticas de espionaje que se han venido haciendo de manera frecuente y amplia. Y es verdad que no todas son iguales; no es lo mismo que el CNI español intentara conocer mediante intervenciones telefónicas las intenciones de una trama que pretendía poner en marcha un proceso de independencia de una parte del territorio español, o que desde no se sabe dónde se haya espiado a miembros del Gobierno, incluido su Presidente. Lo primero tiene una explicación, entra dentro de las funciones de un organismo de ese tipo y, si hubo comunicación y autorización judicial, como se afirma, tendría también cobertura jurídica. Lo otro no tiene explicación; es grave y presenta caracteres de escándalo, sea quien sea y desde donde sea que se haya hecho.
 En todo caso, es extraño que se haya terminado conociendo, como lo es la forma y el momento en que ha trascendido, como si unas escuchas, aunque tengan distinto origen y finalidad, se hubieran difundido para contrarrestar el efecto político de las otras y la reacción puesta en marcha por quienes fueron objeto de espionaje. Parece propio de esta tarea discreta de observación el mantenimiento de la reserva más absoluta, si se tiene en cuenta que todo espionaje, incluso en los casos en que sea legítimo, deja de ser eficaz y útil si su práctica es conocida, aunque sea a posteriori.
 Tan o más extraño es que, para conocer los términos del espionaje, se constituya una comisión especial con participación de grupos que, teniendo contrastadas intenciones opuestas a la integridad del Estado, van a tener acceso a información tan delicada como la que ahí se pueda conocer. Es cierto que todos ellos están igualmente obligados por un estricto deber de sigilo, pero es tan cierto que no se podría impedir que tal información sea compartida, si el que dispone de ella quiere compartirla.
Así que es éste un asunto sensible; afecta a cuestiones esenciales de la seguridad de un país, y está afectando, uno más, a la estabilidad de una coalición de gobierno que, en asuntos de este tipo, no debiera ofrecer fisura. Por ello mismo, es también un asunto apropiado para que los dos principales partidos encuentren puntos de acuerdo; algo de eso ya ha ocurrido, evitando una comisión de investigación nada deseable cuando ya hay una especial y vías abiertas en los tribunales. Es, pues, de esperar que esa mínima sintonía se mantenga y se extienda si fuera necesario.